El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) de Río Cuarto quedó al borde del desalojo.
Es que el inmueble que alquilan desde hace años en barrio Centro, venció el 31 de octubre de 2022.
Pese a una extensa negociación entre la dueña del inmueble y los referentes del Pami local, nunca se llegó a un nuevo acuerdo.
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En ese marco, la propietaria acudió a la Justicia Federal, los demandó y aseguran que está a punto de salir una cautelar que complica a la obra social local.
Ahora se espera que el juez Carlos Ochoa dicte como medida cautelar ese desalojo, según precisó el diario Puntal.
Sin contrato y con conflicto en Río Cuarto
El 12 de octubre de 2022, antes que finalice el contrato de locación, Fernando Bossio, director de la delegación riocuartense del Pami le envió a la propietaria una propuesta formal en la que se ofrecían distintos valores de alquiler, uno por cada año de contrato.
La respuesta de la dueña del edificio, que se produjo el 24 de octubre, fue rechazar el canon ofertado por el organismo.
Ante el planteo de que para el primer año el monto debía ser mayor, el organismo nacional respondió con el silencio. Mientras tanto, la facturación del alquiler se seguía haciendo al precio del último canon establecido, a pesar del proceso inflacionario que vive el país.
Carta documento intimando al Pami de Río Cuarto
El 7 de julio de 2023, ya sin un contrato firmado entre las partes, y en una situación irregular, la propietaria envió una carta documento en la que dio por terminado el contrato, mencionó la falta de respuesta a las notas remitidas e intimó a que el inmueble de la calle Alvear 842 se desocupara en 30 días.
La mujer envió, después de esa carta documento, una última propuesta, a la que el Pami sí respondió pero con la pretensión de pagar por el alquiler del edificio un monto que, según la propietaria, estaba muy por debajo del valor de mercado, según indicó Puntal.
“Así, habiendo agotado todas las instancias posibles para continuar con la relación locativa, intentando formalizar un nuevo contrato de locación que resulte conveniente para ambas partes, pero sin haberlo logrado, no me quedó más remedio que acudir a la acción judicial de desalojo”, se lee en la demanda.
De esta manera, la obra social de los jubilados estaría a un paso de quedarse sin sede en el Centro de Río Cuarto.
