“Hasta ahora no mandaron nada”, fue la escueta respuesta de un funcionario del Gobierno cordobés, cercano al gobernador Martín Llaryora, ante la consulta –días atrás– sobre si la Provincia había recibido algún aporte de la Nación en el marco de la ley que declaró por 180 días la “emergencia ambiental, económica y habitacional” en las zonas bajo incendios en los últimos meses en Córdoba.
El 2 de octubre pasado, la Cámara de Diputados había probado por unanimidad la ley 27.782, que antes había avalado el Senado aunque en esa cámara sin los votos del minoritario bloque de La Libertad Avanza.
Este viernes, esa ley nacional fue promulgada en el Boletín Oficial y entra efectivamente en vigencia. La norma supone el aporte de recursos y acciones para remediar los impactos del fuego. Resta conocerse en qué plazos y con qué acciones concretas se aplicará.
Todo lo publicado sobre los incendios en Córdoba
En Diputados, la sanción de la ley sumó discursos de apoyo desde todos los bloques, con el argumento del enorme daño que las llamas venían provocando en varias regiones de Córdoba.
En lo que va de 2024 se quemaron 100 mil hectáreas en esta provincia, con severos daños en esas economías regionales, en la infraestructura y en ambiente. Además, 42 viviendas resultaron afectadas por el fuego.
El Sistema Nacional de Manejo del Fuego colaboró con la Provincia en la provisión de aviones y helicópteros para el combate del fuego, además del envío de brigadistas, durante los días más complicados. Pero la ley surgió para sumar ayuda ante los efectos y costos que dejan las llamas una vez apagadas.
Hasta ahora, todas las acciones de remediación se concretaron con recursos de la Provincia: hubo aportes a las 42 familias con daños totales o parciales en sus viviendas en Punilla y Calamuchita, a productores rurales afectados, a municipios con daños en infraestructura y a otros sectores.
Qué dice la ley
La ley nacional de emergencia, en su artículo 3, establece que “se priorizarán las obras públicas urgentes, como la reparación o construcción de viviendas e instalaciones, previo estudio técnico que permita establecer la asignación eficiente de los fondos”. Y el 4 “faculta al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar medidas financieras especiales que brinden apoyo directo a las economías regionales y a los habitantes de las zonas afectadas por los incendios en Córdoba”.
Entre otras medidas financieras, establece que se evaluarían “líneas de créditos con tasas bonificadas”, entre varias otras.
Un punto marca la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria con este fin, que aún debe definirse. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes fue encargada de administrar estos fondos, en coordinación con el gobierno provincial y con los municipios afectados.
