El encargado de la residencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Alta Córdoba fue apartado junto con un profesional de allí luego de una denuncia por abuso sexual en la que habrían estado involucrados.
Todo surgió a partir del relato de un adolescente quien se refirió a un posible caso de abuso sexual a un compañero y del mismo equipo técnico hicieron la denuncia, según informó Perfil.
La causa es investigada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba a cargo de Ingrid Vago, quien confirmó a La Voz la denuncia y aseguró que aún no hay imputaciones por el caso que está en estudio.
La denuncia se realizó el pasado 28 de octubre por una profesional del equipo de acompañamiento de autonomía para jóvenes tras el relato de un chico alojado en dicha residencia, quien manifestó haber visto en el celular de un compañero al menos un video de alto contenido sexual en el que habrían participado dos adultos.
La acusación del adolescente alertó a la profesional y por eso ese mismo día formuló la denuncia judicial. En ésta, realizada en base al testimonio del joven, indica que el muchacho habría visto un video con escenas sexuales en perjuicio de un compañero en el que pudo identificar al responsable encargado de la residencia y a un profesional de los equipos técnicos de Senaf, según infromaron fuentes a Perfil.
Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene bajo su órbita a la Senaf, decidió suspender en forma preventiva por 90 días a los dos acusados. Esto implica que no pueden realizar tareas en el lugar y además se suspende el goce de haberes hasta que se resuelva la situación judicial.
La persona a cargo de la residencia ya había sido apartada del Complejo Esperanza en 2018 tras haber sido nombrado en una causa que se investigaba por supuesto tráfico de estupefacientes que involucraba a otras personas.
En la tarde del viernes, luego de trascendido el caso mediaticamente, el Ministerio de Desarrollo Humano emitió un comunicado en el que indicaron que “es la Senaf la que activa los protocolos y acude a la justicia a efectuar la denuncia. A partir de allí se toman todas las medidas que corresponden”.
Y a continuación adjuntaron los pasos intervención que implicó: la denuncia judicial ante una sospecha de un delito; comunicación a los agentes involucrados que no se presenten a trabjar los días posteriores; acompañamiento y resguardo a los adolescentes. Además colaboración con la fiscalía y la suspensión por 90 días de los dos agentes, dictada por el Ministerio de Desarrollo Humano.
