El presidente Javier Milei presentó en las últimas horas su defensa ante la Justicia Federal de La Plata en respuesta a la demanda iniciada por la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo.
El centro de la disputa es una publicación en la red social X que la familia considera agraviante y cuya eliminación se exige judicialmente.
Milei, sin embargo, se negó rotundamente a borrar el posteo.
El escrito de Milei
En su escrito judicial, el mandatario sostiene que su cuenta @JMilei no es un canal oficial del Poder Ejecutivo, sino personal, y que sus expresiones están amparadas por la libertad de expresión.
Argumenta que ostentar un cargo público no convierte automáticamente en acto estatal todo lo dicho en su vida personal o digital.
Además, Milei afirmó que su crítica no estaba dirigida a Ian Moche, sino al periodista Paulino Rodrigues, a quien llamó “Pautino” y acusó de “operar en contra del gobierno”.
El Presidente enmarcó la demanda como un intento de “cultura de la cancelación”, un fenómeno global que, a su juicio, “atenta contra la libre expresión”.
También describió a Ian Moche como un “activista” y “personalidad pública” que, por su rol, debe tolerar el debate y las críticas.
La Procuración del Tesoro de la Nación respaldó esta visión, insistiendo en el carácter personal de la cuenta de X.
Cuestionamientos
Sin embargo, la parte demandante, a través de su abogado Andrés Gil Domínguez, criticó duramente la postura presidencial. Gil Domínguez señaló una contradicción: Milei fijó su domicilio legal en la Residencia Presidencial de Olivos, asumiendo su rol de Presidente y no de mero particular.
El letrado enfatizó que la libertad de expresión protege a los particulares frente al poder, no al revés, especialmente si se trata de un niño dentro del espectro autista.
Calificó de “cinismo” los argumentos de Milei, afirmando que una disculpa o eliminación del posteo hubiera sido suficiente si no fuera agraviante, algo que “nunca aconteció”.
La discusión sobre el carácter de la cuenta verificada del Presidente es clave y podría sentar jurisprudencia para otros casos, como el del escándalo cripto de $Libra.
Ahora, la decisión final recae en el juez, quien deberá sopesar los argumentos en esta relevante disputa sobre los límites de la expresión en el ámbito digital.
