La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), actualizó esta semana los aranceles a los profesionales de la discapacidad de Córdoba.
La decisión surge luego del reclamo que vienen realizando, desde hace semanas, los trabajadores y prestadores de la discapacidad para que la obra social provincial, entre otras, cumpla con el incremento en el nomenclador del Sistema de Atención Integral de Discapacidad (Said) y se respete la cadena de pagos.
El aumento definido es del 10%, que será retroactivo a las prestaciones de agosto, y otro 10% que impactará en las de septiembre.
Federico Galíndez, de la Federación Converger, explicó que el aumento de los aranceles, en el caso de los centros educativos terapéuticos, es de un 13% que corresponde al mes de julio, un 5% para agosto y otro 5% en septiembre. “No se dio el mismo porcentaje de aumento para todas las prestaciones”, destacó.
No obstante ello, el referente asumió que los aranceles siguen siendo muy bajos, “alrededor de un 30%” respecto de los aranceles que paga la Nación. “La Provincia debe cumplir con la adhesión a la ley 24.901 que regula el sistema de discapacidad. Córdoba adhirió en 1999, pero no la terminó de implementar”, dijo.
Y agregó: “Apross no paga lo que dice la ley. Ese es el problema de fondo”.
Con el incremento otorgado, los trabajadores del sector decidieron no realizar la marcha prevista para hoy a la sede de la obra social. Aunque Galíndez dijo que seguirán en alerta porque el aumento “es insuficiente”.
La situación del sector
Galíndez resaltó que la Federación nuclea a 50 instituciones de la provincia de Córdoba, y expuso que aún con este aumento “la situación de los trabajadores sigue siendo desesperante”. Además, dijo que las instituciones tienen que hacerse cargo de alquileres, cargas sociales, servicios, con valores muy atrasados. “Están endeudadas con la Afip y remontar esa situación es imposible”, resaltó.
A su vez, afirmó que los trabajadores que están nucleados en la Asamblea de Discapacidad Regional Córdoba cobran con el mismo retraso, pero incluso con montos menores. La mayoría de ellos son monotributistas, lo que implica que no tienen licencias por enfermedad o maternidad, ni tampoco vacaciones ni aguinaldo.
Si bien el plan de lucha del sector se inició en junio, logrando la liberación de algunas liquidaciones retrasadas, el reclamo seguirá en pie para pedir que se cambie el sistema de pagos, al que los profesionales califican de “perverso”.
Galíndez acotó que en Argentina hay más de 200 mil personas que requieren atención en discapacidad y que hay más de 150 mil profesionales trabajan en ese ámbito.
Por su parte, Julia Domínguez de la Asamblea de Discapacidad de Córdoba, expresó: “En este contexto el aumento es una burla. Es necesario que los honorarios nos permitan vivir de nuestro trabajo. La mayoría tenemos trabajos informales”.
Si bien en Córdoba, el reclamo está principalmente dirigido a Apross, hay otras obras sociales que también mantienen retrasos en los pagos, confirmó Domínguez. Y adelantó que marcharán la semana que viene.
El reclamo
La semana pasada los trabajadores de la salud sacaron el reclamo a la calle y el plan de lucha se acentuó cuando la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) emitió un comunicado y anunció asambleas en clínicas e instituciones del área donde prestan servicios.
Ahora, esas acciones de protesta quedaron momentáneamente de-sactivadas a raíz del aumento dispuesto por Apross. No obstante ello, siguen firmes los reclamos para que les paguen a mes vencido y no a los 60 días de realizada la prestación. Por ejemplo: un kinesiólogo que realiza cuatro sesiones de fisioterapia en septiembre, recién cobra por su trabajo en noviembre o diciembre.
A la vez, el contexto inflacionario no hace más que agudizar la situación de los trabajadores de la salud, con la devaluación de sus ingresos de manera constante. “El problema es que durante este 2023, hubo un 58,3% de aumento en los aranceles, cuando la inflación acumulada, al menos hasta agosto, fue del 80,2% y sigue subiendo”, afirmó Virginia Els, presidenta de Capredis.
A esta situación se le suma el problema financiero que tienen que afrontar los centros de discapacidad por los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales. “Todo esto golpea más a los prestadores de las provincias, porque en Buenos Aires cobran antes. Tenemos entre tres y cuatro meses de retrasos, con valores que ya tienen demoras”, afirmó la referente.
Y sumó: “El problema que padecemos es histórico y trasciende a los distintos gobiernos”.
Demoras naturalizadas
Uno de los planteamientos centrales de los prestadores y profesionales que trabajan con las personas con discapacidad es la demora en la cadena de pagos por parte de las obras sociales, razón por la cuál se les hace muy difícil cumplir con sus obligaciones.
Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) expresaron que la situación es muy grave y que hay instituciones que están cerrando, y que otras no pueden afrontar los aumentos de sueldos ya otorgados.
A su vez, a los hogares les cuesta mucho más porque tienen que hacerse cargo de la alimentación y de las 24 horas de trabajo de los profesionales que atgienden a las personas que viven allí.
Asimismo, Virginia Els, presidenta de Capredis remarcó que la Superintendencia de Salud recibe los reclamos que realizan, pero no acciona para que las obras sociales se pongan al día. “Hay demoras que están naturalizadas”, calificó.
“Como cámara realizamos un reclamo en conjunto. Hay represalias y terminamos enfrentándonos con las obras sociales porque incluso pueden recomendar a la familia que no se atienda en tal o cual lugar”, señaló.
En tanto, aclaró que lo último que quieren es cortar los servicios y que, antes de llegar a esa instancia, agotarán las vías de diálogo.
A su vez, Els señaló que entienden a las familias, saben que están atravesadas por muchas situaciones, pero dijo cuando no hay respuestas no les queda otra alternativa que suspender los servicios.
En cifras
Según datos aportados por la Subsecretaría de Discapacidad en 2022, en la provincia de Córdoba hay alrededor de 100 mil personas con Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). El 55% corresponde a Córdoba capital y el 45% al interior.
