Continúan esta semana los alegatos en el juicio que investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones en el hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, hechos ocurridos entre marzo y junio de 2022.
En la Cámara Séptima del Crimen de Tribunales II de la Capital provincial se escucharon las conclusiones de los abogados defensores de la neonatóloga María Alejandra Luján y de Adriana Moralez, quien se desempeñaba como coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente, ambas médicas del hospital.
Luján está imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica. La Fiscalía de Cámara confirmó el primer delito, por el cual solicitó una pena de inhabilitación de un año para ejercer la profesión, y pidió su absolución por el segundo delito.
En el caso de Moralez, la médica se encuentra imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado. El Ministerio Público Fiscal confirmó ambos delitos y pidió una pena de tres años de prisión en modo de ejecución condicional.
La querella que representa a los familiares de los bebés solicitó agravar las penas en ambos casos.
Por su parte, la defensa de las profesionales sostuvo —en una extensa alocución— que no existen pruebas concretas de que hayan omitido sus deberes y alegaron que tampoco hay evidencia de que hayan querido ocultar o entorpecer la investigación.
Pedido de absolución
El primero en tomar la palabra fue Ezequiel Elettore, defensor de Adriana Moralez.
El abogado pidió la absolución de esta y sostuvo que fue Moralez quien motorizó las denuncias judiciales cuando se sospechó de criminalidad. Agregó que su defendida siempre colaboró con la Justicia y respondió preguntas tanto en la etapa de la investigación fiscal preparatoria como en el juicio oral y público que se está tramitando desde el 6 de enero en el subsuelo de Tribunales II.
“El Ministerio Público Fiscal y los acusadores privados destruyeron el principio de inocencia que debe regir para cualquier ciudadano hasta que se demuestre lo contrario. En este juicio, no se logró probar nada en contra de Moralez. Desde el primer momento ella demostró una actitud colaborativa para que la verdad real se descubra”, alegó Elettore.
“Cada vez que sucedía un hecho y ella tomaba conocimiento, realizaba una acción concreta. Jamás pudo omitir alguna obligación que estuviera a su cargo y menos aún encubrir destruyendo la prueba”, sostuvo.
Moralez se encontraba a cargo del Comité de Seguridad del Paciente y del Comité de Seguimiento de la Mortalidad Infantil. “Era un soldado raso. Nunca tuvo un cargo, nunca fue jefa ni tuvo poder de decisión. No tenía oficina, escritorio ni computadora provista por el hospital para cumplir esas funciones”, dijo el abogado, para dar a entender que –en la práctica– era muy difícil establecer los cambios en los procesos de atención médica para evitar los eventos adversos y reducir la mortalidad infantil.
El abogado dijo que la médica impulsó la denuncia judicial una vez que comenzaron las sospechas de una posible criminalidad, y que eso aconteció el 7 de junio.
Negó que la línea de tiempo con los 13 casos se haya construido en tiempo real, mientras estos iban sucediendo.
“Además de temeraria, esa información es falsa”, sostuvo.
Al igual que otros defensores, Elettore citó el acuerdo reglamentario del Tribunal Superior de Justicia que se dictó “debido a la innecesaria judicialización de muertes no sospechadas de criminalidad”. Según su criterio, un médico está obligado a denunciar cuando se dan distintos requisitos en una muerte de etiología dudosa, principalmente cuando se sospecha de un obrar intencional o se produce en forma violenta.
Los datos del peritaje
Elettore citó el peritaje interdisciplinario que se realizó en los 13 recién nacidos y dijo que los resultados no fueron concluyentes en todos los casos. La misma argumentación tuvieron los defensores de Alejandro Escudero Salama (entonces subdirector administrativo del hospital) y Rodríguez de la Torre.
La resonante frase del perito oficial Néstor Vain, quien pidió no juntar “naranjas con bananas” para referirse a que “todos los casos eran diferentes”, fueron citadas en la mañana de este lunes.
Ambos pusieron el foco en que en no todos los casos los peritos fueron concluyentes sobre la existencia de un accionar intencional. Tanto Rodríguez de la Torre como Elettore citaron los peritajes realizados sobre los dos casos del 18 de marzo de 2022: U.M., hija de Natalí Martínez, y F.C., hijo de Vanessa Cáceres.
En el primer caso, hubo antecedentes de embarazo no controlado, consumo de tabaco en la gestación y colestasis (prurito generalizado) y “no fue reportado como evento adverso en el momento en el que ocurrió”, dijo Elettore.
En el segundo, los peritos informaron que los valores elevados de potasio podrían deberse a una administración externa “aunque también es importante mencionar que, en este bebé, la situación parece haber estado ocurriendo al momento de la detección de sangre”. Con lo cual, no descartaron la posibilidad del colapso post-neonatal de causa natural, pero aclararon que era estadísticamente poco probable que dos colapsos se den el mismo día, con tres horas de diferencia.
Rodríguez de la Torre remarcó que Luján no tuvo contacto con ninguno de los dos bebés y que firmó el certificado de defunción de F.C., transcribiendo los datos de la historia clínica, para que la familia pudiera velarlo. En este sentido, dijo que la historia clínica figuraba un fallo de bomba, cosa que no podía poner literal, con esas palabras en el certificado. Por eso consignó como causa de muerte el shock cardiogénico irreversible.
“Cuántas veces nos topamos con burocracia estatal. En este caso, la médica tuvo un gran acto de humanidad para esta familia, así como daba su vida por sus pacientitos”, agregó.
Rodríguez de la Torre solicitó la absolución de Luján “por certeza negativa” para el delito de falsedad ideológica. Y además pidió en forma subsidiaria que se declare la nulidad de la acusación del Ministerio Público Fiscal sobre la omisión de deberes de funcionario público. Dijo que los querellantes carecen de objetividad y pidió a los jurados que valoren la prueba con hechos, no palabras.
“Una verdad a medias es una mentira”, dijo.
Como se recordará, la Fiscalía de Cámara sostuvo la acusación contra la enfermera Brenda Agüero, imputada por homicidio doblemente calificado, para los 13 casos. Y además pidió prisión perpetua. Basó su argumentación en el peritaje interdisciplinario, el informe de conducta criminal, los indicios de presencia de Agüero en todos los casos y los testimonios recabados en el juicio.
Otro análisis del peritaje
Continuando con la línea de tiempo, Elettore dijo que en la reunión de causa raíz que se realizó en el hospital el 7 de abril no se habló de los dos casos mencionados de marzo, sino que el encuentro tuvo como objetivo analizar los procesos.
Agregó que los peritos no pudieron descartar causas de origen natural en B.L., hijo de Damaris, fallecido el 23 de abril. Y que ese caso fue incorporado después de que el Ministerio de Salud provincial realizara en el hospital una investigación administrativa.
El abogado agregó que Moralez se enteró de los casos de F.B., hija de Justine (nacida el 24 de abril) después del 7 de junio. “Estos hechos no le fueron informados como efectos adversos hasta después de esa fecha”. Y que el 26 de abril se comenzó a sospechar del efecto adverso de un excipiente de la vitamina K, después del nacimiento de I.F., hija de Gabriela González.
Agregó que el 28 de abril se realizó una nueva reunión “multitudinaria” en el hospital para analizar las causas de muerte de B.L., nacido el 23 de ese mes, y se incluye el caso del 26. El objetivo fue investigar qué estaba pasando y no había sospechas en ese momento de una posible criminalidad, agregó. Se sospechaba de la vacuna contra el Sars-Cov-2 en embarazadas.
El 1 de mayo, cuando nació G.H., hijo de Jazmín, se constatan lesiones y se rompen colchones. “No se encontró nada relevante, salvo aguijones y larvas, que los médicos atribuyen a picaduras de insectos”, agregó.
Elettore dijo que la médica Jimena Tercelán había mentido en el juicio y pidió más tarde que se corra vistas a la Fiscalía para que se la investigue por presunto falso testimonio. Dijo que los mensajes enviados el 19 de agosto de 2022 para dar instrucciones sobre cómo declarar en la fiscalía no fueron escritos por Moralez.
El 6 de mayo existió una reunión en el hospital “para ampliar el abanico de la investigación, ver qué estaba pasando, para que estos eventos no vuelvan a ocurrir”.
El 11 de mayo nació J.L., hijo de Brenda, a quien se le encontró insulina elevada, sólo compatible con inoculación externa. “Este bebé no fue reportado como evento adverso. Tampoco Moralez se enteró de esto hasta después de junio”, dijo el defensor, y agregó que la médica se fue de vacaciones desde el 20 de mayo hasta el 4 de junio.
Antes de irse, el abogado contó que Moralez consultó y le avisaron que ya estaba al tanto la Justicia provincial sobre lo que pasaba en el Neonatal. Agregó que la médica volvió el 6 de junio, “cuando el hospital era un caos”, y motorizó la denuncia penal. Agregó que ese día se enteró del caso de I.B.G., hijo de Julieta, fallecido el 23 de mayo.
Elettore pidió la absolución de su defendida.
