Esteban Ruffin, vocero sobre la aplicación de la ley 27.610 en el Ministerio de Salud de la Provincia, indicó que “se viene articulando bien” con el interior provincial en cuanto al cumplimiento de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
“Desde un inicio creamos una red a través de WhatsApp que se llama ‘Tratamiento de ley 27.610′, en la que se encuentran los directores de hospitales y centros de salud de toda la provincia. Hasta ahora no nos han manifestado grandes dificultades”, dijo frente a la consulta por la implementación de las prácticas en el interior provincial.
A su vez, Ruffin indicó que, ante los casos más complicados, referidos más a las interrupciones legales del embarazo (ILE, las que son posteriores a las 14 semanas y sólo por causales de salud o de violación), han intervenido en forma directa.
“Ante los pedidos de medicación de los dispensaros, hemos ido respondiendo. A veces pasa que justo cuando van no la tienen y se derivan al centro más cercano”, indicó.
El funcionario dijo que no han recibido a través de la red quejas en otro sentido y que, a siete meses de la aplicación de la IVE, “se viene avanzando bien”.
“Sabemos que hay zonas complicadas, donde hay muchos médicos objetores y del ámbito privado se derivan las consultas por IVE al sistema público”, explicó. Lo comparó con la situación de Córdoba capital, donde algunas clínicas ya generaron un sistema de derivación a otros centros de salud privados y el acceso a la ley se asegura.
Ante la consulta por el cumplimiento del plazo máximo estipulado por la ley, que son 10 días entre la solicitud y la práctica, indicó que no han recibido quejas al respecto. “Sólo tuvimos un caso de demora en San José de la Dormida por la falta de ecógrafo. De cualquier forma, la ecografía es una recomendación sanitaria, sobre todo para los casos que no recuerdan la última fecha de menstruación y se dificulta calcular la semana gestacional, pero no es una indicación, es decir, no debería ser un impedimento para cumplir con la ley. Y, ante una complicación, los centros primarios deben derivar a los hospitales regionales”, explicó.
Las ILE, con más dificultades
Entre los casos con más dificultades que han tenido, Ruffin se refirió a algunos de interrupciones legales del embarazo, sea por algún conflicto judicial de por medio o por “algunos grises en la ley” en cuanto a ciertos procedimientos.
Para el primer caso, ejemplificó con una situación que sucedió en una localidad de Sierras Chicas, en la que la mujer solicitó una ILE (tenía más de 14 semanas de gestación), pero su pareja la denunció. “Intervinimos con el área de Legales del ministerio, que determinó que la ley hace referencia a la persona gestante y no a las parejas. Como cumplía con las condiciones para contemplar una ILE, la práctica se realizó”, explicó.
“La otra dificultad que tenemos es qué sucede cuando luego de una ILE hay viabilidad fetal”, explicó el funcionario, quien aclaró que “interrupción” no siempre significa “muerte”.
“En los embarazos con gestas avanzadas, se realiza la cesárea indicada para la interrupción y, si el niño nacido sobrevive, la Senaf (Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia) toma parte en el asunto. Cuando una persona gestante pide una ILE, luego no hay vínculo con el niño. Sin embargo, aún hay situaciones que son un gris y que se deben contemplar en los protocolos de actuación”, explicó Ruffin.
En ese sentido, recordó que este será uno de los temas por tratar en el Consejo Federal de Salud, en el que se reúnen los ministerios de todas las provincias junto con la cartera nacional y que comienza este lunes en San Luis.
