Este 30 de diciembre se cumplen dos años de la aprobación de la ley 27.610 en el Senado de la Nación que legalizó el aborto y dejó asentado el procedimiento para cumplimentar esta práctica en el ámbito de la salud.
Su implementación fue avanzando y también el registro de las prácticas, en el ámbito público. En el sector privado se mantiene una incógnita sobre la cantidad de prácticas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ya que no hay registro. También se relevaron avances en cuanto a la medicación usada, su producción y la cantidad de capacitaciones al personal de salud.
En la provincia de Córdoba, entre enero de 2022 y el 31 de octubre de este año hubo 5.008 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se realizaron sin pedido de causal hasta la semana 14 de gestación e interrupciones legales del embarazo (ILE), que corresponden a las que se realizan después de la semana 14 y que debe responder a una causal en particular (violación o afectación a la salud de la persona gestante).
En todo 2021 la cantidad de prácticas en el ámbito publico fue de 4.107, con lo que se registra un aumento de al menos el 22 por ciento. El aumento total se verá reflejado con las cifras de noviembre y diciembre de este año.
Esto indica que la práctica de a poco va saliendo de la clandestinidad en la que siempre se practicó y gradualmente va siendo concentrada por el sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron a La Voz que hay 181 establecimientos de salud de todo el territorio que realizan IVE, una cifra que implica un aumento respecto a 2021 en la que se registraron 139 establecimientos que realizaban la práctica. También aclaran que todos los establecimientos deben cumplir con la ley, es decir, brindar información y hacer la derivación correspondiente de la paciente si no hay efectores en ese centro de salud para realizar la práctica.
Ese fue un tema central de las capacitaciones que se realizan en la provincia en apoyo con el Ministerio de Salud de la Nación. En ellas se brinda capacitación a los equipos de salud no sólo en cuanto a la práctica en sí sino también en cuanto al abordaje integral y en la forma correcta de derivación en caso de que el personal sea objetor.
Datos nacionales
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación presentó este jueves en la Casa Rosada un informe que hace un balance de la IVE/ILE en todo el territorio nacional.
Alí indicaron que todas las provincias informaron un total de 59.267 interrupciones realizadas entre enero y septiembre de 2022 y que en todo 2021 esa cifra alcanzó las 73.487 prácticas
Según el registro nacional, al menos 1443 centros de salud y hospitales del ámbitopúblico garantizan las IVE e ILE en todo el país, lo que constituye un 59.8% más de lo declarado en 2020 y un 7,5% que en 2021.
Entre los datos que brindaron, indicaron que se agregó el tratamiento combinado de medicación on misoprostol más mifepristona, que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que tiene una efectividad del 97% frente al 85/87% que tiene el uso de misoprostol solo.
La producción pública de misoprostol se realiza en laboratorios Puntanos de San Lios y Profase en Río Negro cuya producción se destina para el abastecimiento provincial. Por su parte, el laboratorio LIF de Santa Fe es de distribución nacional y allí también se encuentra en proceso de desarrollo la producción de mifepristona.
La medicación que se brinda en los centros de salud pública son de acceso gratuito para la persona que solicita la práctica. La Nación hace los envíos a la provincia y a los centro sde salud públicos que los solicita y va resgitrando con ello la cantidad de prácticas que se solicitan.
La ministra de Salud de Nación Carla Vizzotti presentó el miércoles pasado una actualización del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo que incluye, según informaron, las nuevas directrices de la OMS de 2022. En el acto estuvieron presentes el presidente Alberto Fernández, Vilma Ibarra, del área de legales, Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres Género y Diversidad.
En cuanto a la cantidad de efectores, Nación registró 160 centros de Salud en Córdoba. mientras que la provincia, 181. Esto se debe, según explicaron desde provincia, a que en el ámbito local las cifras se actualizan con mayor asiduidad y que es un registro muy dinámico.
Capacitaciones
Al ser consultadas sobre el número de profesionales objetores con IVE e ILE, Mariana Van Ooteghem, directora de Salud en el embarazo, perinatal y de la niñez junto a Cecilia Guazzini, directora de Adolescencias, Juventudes y Adultez y Ana Aguirre, referente del Programa de Salud sexual y reproductiva, explicaron que las capacitaciones fueron permitiendo que los equipos de salud incorporaran información en cuanto a la práctica en sí pero también en la atención integral que prevé la ley.
En diálogo con }, las tres referentas, que ocupan las nuevas carteras hace 12 semanas a partir del cambio de gestión en el Ministerio, dieron cuenta de los avances registrados. “Una de las fortalezas de la ley es que se tiene que hacer una información activa del derecho y eso no tiene que ver con la objeción de conciencia. Se debe brindar toda la información necesaria a la persona y si es necesario derivarla en forma activa, y sino atenderla en el lugar”, explicó Mariana Van Ooteghem.
Por su parte, admitieron que no tienen datos específicos de la cantidad de profesionales objetores, pero Cecilia Guazzini aclaró que muchos de ellos en determinadas circunstancias o casuísticas terminan actuando. “Sí notamos que hay más miembros del sistema que se han sumado a las capacitaciones y a la consejería”, indicó la funcionaria.
“Creo que hay que llegar a los espacios menos sensibilizados. No es lo mismo una capacitación en una ciudad grande que en localidades del interior. Cuando pasan por las capacitaciones muchos cambian de actitud”, consideró, a su turno, Ana Aguirre.
Las tres funcionarias provinciales dijeron que las capacitaciones se hacen junto con Nación pero que también hay otras, por ejemplo, las que hace la Universidad Nacional de Córdoba o de organizaciones sociales como Católicas por el Derecho a Decidir y la Red de Profesionales por la Salud. El objetivo, remarcan, no es solo garantizar la práctica sino también hacer un correcto acompañamiento del proceso. Por ello, indican, es necesario fortalecer el acceso a insumos: medicación, folletería, entre otros y hacer intervenciones adecuadas a cada caso y persona.
En cuanto a las personas que llegan a solicitar las prácticas, confiaron que lo hacen con más información sobre su derecho al acceso pero con menos conocimiento en cuanto al proceso en sí.
Dificultades
Las dificultades planteadas desde el Ministerio fueron señaladas en el acceso en lugares alejados geográficamente de los centros de salud.
Por su parte, Ana Morillo, que es miembro de Católicas por el derechos a Decidir, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y parte del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, indicó que las ILE de los embarazos del tercer trimestre siguen siendo una dificultad, ya que allí se requiere atención de hospitales grandes (del tercer nivel) donde hay menos profesionales que quieran aplicar la practica en estos casos particulares. “Creo que debe haber una estrategia de cuidado a los profesionales que sí lo garantizan”, dijo Morillo.
Aún así, a pesar de estas dificultades puntuales, notó un avance positivo en las IVE, “a pesar de que no hay campañas masivas sobre la ley”. “Tenemos expectativas con el nuevo equipo del Ministerio de Salud de Córdoba. Ya tuvimos una primera reunión con ellas, a diferencia de la gestión de Cardozo (exministro de Salud) que no nos recibió nunca”, indicó Morillo.
Y agregó: “Creo que la agenda pasa por dar mayor distribución y acceso a métodos anticonceptivos, mayor acceso a la ligadura tubaria, no solamente el aborto en sí”.
Para Morillo una de las grandes deudas sigue siendo la aplicación de la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que es una práctica segura recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no solamente para los casos de aborto, pero que es muy resistida aún por algunos profesionales.
Sector privado
El sector privado es una incógnita porque no hay registro de cuántas prácticas se realizan allí ni de cómo se está dando la aplicación.
Al respecto, Morillo indicó que hay grandes centros de Salud que garantizan la práctica como el Hospital Italiano, el Sanatorio Francés, la Clínica del Sol, entre otros.
Los que desde un inicio plantearon que no iban a implementar la práctica, a pesar de que la objeción de conciencia institucional no está contemplada en la ley, derivan a otros centros privados cercanos. Es el caso del Sanatorio Allende, la Clínica Reina Fabiola y el Hospital Privado.
“Conocemos casos de médicos que trabajan en el ámbito público donde no son objetores pero que también están en la parte privada donde no los dejan”, dijo Morillo.
Sí notó un avance en el ámbito municipal de Córdoba, en el que “se logró institucionalizar a los trabajadores”, refiriéndose a un mayor avance en la aplicación de la ley.
Detenciones en Villa María
Luego de la detención (y posterior liberación) en Villa María de cuatro mujeres que pertenecen a un grupo de socorristas que acompañan abortos por “ejercicio ilegal de la medicina” y “encubrimiento”, el sector feminista repudió los hechos y empezaron campañas de visibilización con la consigna “acompañar abortos es legal”.
Al respecto, Morillo opinó que se trató de una “persecusión” y que aseguró que aún “no se sabe bien de qué se las acusa ni por qué”.
Las socorristas brindan información telefónica y a veces presencial también sobre los procedimientos sobre las interrupciones de embarazo. Desde que es legal derivan al sector público, aunque muchas de las mujeres que consultan siguen prefiriendo por miedo o pudor realizar abortos autogestivos (con pastillas). Es un dato que fue brindado a este diario en notas anteriores donde daban cuenta de este proceso de transición entre lo que era una práctica que estaba penalizada y ahora es un proceso legal.
Desde la Provincia prefirieron no opinar sobre la causa judicial pero sí reconocieron que mantienen relación con todos los sectores vinculados a la práctica, incluso el tercer sector (organizaciones y activistas).
“Como lo han hecho en otras oportunidades, al no poder evitar o dar de baja a una ley que es tan sólida, los sectores antiderechos y conservadores buscan generar conflictos legales en lugares y casos puntuales, para intimidar a los equipos de salud, pero no lo logran porque hay un marco legal muy fuerte”, concluyó Morillo.
