A casi un mes de la aprobación en el Concejo Deliberante, la ordenanza que regula las aplicaciones de transporte en Córdoba todavía no entró en vigencia. El 14 de agosto, el cuerpo sancionó con amplia mayoría la norma que establece por primera vez un marco legal para plataformas como Uber y DiDi. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo aún no dictó la reglamentación, un paso indispensable para su aplicación efectiva.
La falta de reglamentación mantiene en suspenso cuestiones centrales, como el procedimiento de inscripción de conductores y vehículos, los controles de la autoridad de aplicación y la definición de un posible cupo de licencias.
Este último punto fue uno de los más discutidos durante el debate legislativo y sigue siendo el foco de mayor controversia entre las partes involucradas.
Versiones extraoficiales indicaban que la reglamentación podría conocerse esta semana, pero hasta ahora no hubo novedades oficiales.
Luego de la publicación de esta nota, desde el Ejecutivo indicaron: “Se está trabajando con todas las áreas involucradas del municipio: Transporte, Tránsito, Ciudad Inteligente, entre otras”.
“Además, ya hubo cuatro encuentros con taxistas y remiseros en donde se avanzó en las cuestiones de mayor trascendencia y ahora se trabaja en el sistema informático que reunirá toda la documentación que se deba presentar para poder dar las habilitaciones respectivas”, agregaron.
La judicialización del conflicto
En este escenario de indefinición, el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba decidió avanzar en el terreno judicial. El martes 9 de septiembre, su secretario general, Héctor Miguel Arias, presentó una acción de amparo contra la ordenanza que regula las aplicaciones extranjeras en la ciudad.
La presentación fue realizada por los abogados Jimena Vanelli y Carlos Emanuel Cafure ante la Justicia provincial.
Según informó el gremio, la medida busca resguardar los puestos de trabajo de los choferes de taxi y evitar lo que consideran “la extinción del servicio de transporte público automotor” en Córdoba.
La organización sindical advirtió que la aprobación de la ordenanza dejó en una posición de “vulnerabilidad” a los trabajadores del sector, frente a lo que definen como una “competencia desleal de empresas multinacionales con historial de conflictos en distintos países”.
La postura gremial
Desde el Sindicato de Peones de Taxi se denunció que “ningún sector político en Córdoba protege al taxi frente a los intereses extranjeros” y se acusó a la dirigencia de priorizar “a firmas foráneas por encima de los intereses nacionales”.
Para el gremio, la plena vigencia de la ordenanza significará un golpe terminal para la actividad, y por eso aseguraron que no permitirán su aplicación sin resistencia sindical.
Arias sostuvo que ya se habían iniciado otras acciones judiciales contra la normativa y que habrá nuevas presentaciones en el futuro.
“Nuestra posición fue y seguirá siendo intransigente”, afirmaron desde la conducción sindical, que desde 2019 encabezó múltiples protestas contra el desembarco de las aplicaciones en Córdoba.
Ahora, la Justicia debe definir si hace lugar o no al amparo. Hay que recordar que la ordenanza es fruto de un fallo del Tribunal Superior de Justicia que obligó a la Municipalidad a regular la actividad.
Lo que falta definir
La reglamentación del Ejecutivo municipal será determinante para el futuro del servicio. Allí deberá establecer cómo se realizarán los trámites de inscripción digital para empresas, propietarios y conductores, qué plazos se otorgarán y cuáles serán las modalidades de control.
El aspecto más sensible es el del cupo de licencias. El artículo 9 de la ordenanza faculta a la autoridad de aplicación a fijar un número máximo de vehículos habilitados en función de criterios de densidad poblacional y demanda.
En la práctica, esto podría traducirse en un límite para la cantidad de choferes que accedan a la habilitación, algo que divide las posiciones dentro del Concejo y genera fuerte rechazo entre las plataformas y los gremios del sector.
La demora en reglamentar también mantiene en suspenso el período de transición de seis meses sin sanciones para los choferes de aplicaciones, tal como se informó desde el propio Ejecutivo.
Hay mucha inquietud sobre si ese plazo todavía comenzó a correr, por lo que los conductores continúan denunciando en redes que se siguen haciendo operativos por parte del municipio.
Los puntos clave de la ordenanza
La norma sancionada el 14 de agosto creó la figura de “servicio privado de interés público de transporte a través de plataformas electrónicas”.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito.
Las empresas deberán inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), en Rentas y en Comercio e Industria. También deberán constituir domicilio legal en Córdoba, contar con habilitación comercial y contratar un seguro conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Los propietarios de vehículos tendrán que inscribirse en el Registro Digital Municipal, acreditar que sus autos estén radicados en la ciudad, presentar certificados de antecedentes sin condenas y contar con seguro para pasajeros y equipaje.
Además, deberán aportar fotografías digitales de los vehículos para las inspecciones virtuales.
Los vehículos deberán tener un motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos, no superar los diez años de antigüedad, contar con ITV aprobada y vigente, disponer de aire acondicionado y capacidad para hasta siete pasajeros. También deberán exhibir una identificación visible de la empresa de aplicaciones.
Los conductores deberán inscribirse en el Registro Digital Municipal, contar con licencia de conducir clase D1, cobertura de ART o seguro de accidentes personales y certificados de antecedentes nacionales y provinciales.
En materia de tarifas, el valor mínimo nunca podrá ser inferior al boleto del transporte urbano de pasajeros, aunque se habilita la tarifa dinámica siempre que se informe al usuario al momento de contratar el servicio.
La ordenanza también fija que los conductores solo podrán trabajar hasta doce horas diarias, de forma fraccionada, y obliga a las plataformas a disponer de sistemas de evaluación de choferes y de registro de reclamos de los pasajeros.
