Cuatro quincenas de trabajo, aguinaldos y aportes a la Caja de Jubilaciones adeudados fueron las causas de una huelga desatada hace 50 años en San Francisco, que, por su magnitud, fue denominada “Tampierazo”. Pese a que en un principio se presentaba como pacífica, algo pasó en el medio, hasta una muerte que al día de hoy no tiene responsables directos.
La que estaba en conflicto era la fábrica fideera Tampieri, nombre que respondía al apellido de su propietario Ricardo, un italiano llegado a San Francisco desde Bolonia, a los 11 años, en 1890.
Su empresa fue de las más reconocidas en los primeros años del siglo 20 y empleó a cientos de trabajadores. Si bien, en agosto de 1929, la fábrica vivió su primera movilización obrera en reclamo por mejoras laborales, la cual se extendió durante cinco meses, fue en 1973, hace 50 años, cuando esta firma volvió a ser centro de un conflicto salarial que terminó de la peor forma. Al frente ya no estaba su dueño originario, sino sus herederos.
Los trabajadores ganan las calles
Los empleados de la fideera entraron en conflicto en 1973 con la patronal por una serie de deudas: cuatro quincenas de trabajo, aguinaldos y aportes a la Caja de Jubilaciones. A través de asambleas que llevaban una semana, decidieron organizar una huelga con tinte pacífico para el 30 de julio. En los planes sólo estaba hacer su justo reclamo.
Se programaron turnos organizados de ocho horas rotativas y el día anterior, el 29, se decide el paro activo.
La huelga se inició a las 10 con una concentración frente a la sede de la CGT. Luego se llevó adelante una movilización de unos mil trabajadores hacia la fábrica ubicada en la esquina de Irigoyen y 9 de Julio. Los oradores fueron el abogado laboralista Gustavo Gallardo y el secretario general de la CGT y de Empleados de Comercio, Oscar Liwaki.
Empiezan los desmanes
Luego de los discursos, se instó a volver a la sede cegetista. Los manifestantes regresaron pasando frente a los chalés de los hermanos Tampieri (nietos del fundador). En uno de ellos, activistas ingresaron a la casa y sacaron a la calle un automóvil que volcaron e incendiaron. En el medio, los ocupantes de esta familia intentaban ponerse a salvo pasando a casas de vecinos.
Tras ello, algunos manifestantes marcharon hacia la casa y estudio de Joaquín Gregorio Martínez, director del diario La Voz de San Justo y quien había sido en otra época abogado de Tampieri. Una vez allí, ingresaron a la propiedad donde provocaron desmanes cuantiosos, sacando a la calle mobiliario, máquinas y obras de arte que terminaron rompiendo.
Estos hechos hacen pensar aun al día de hoy en la teoría de que hubo infiltrados de organizaciones políticas dentro de la manifestación.
Una muerte, el dolor de una familia y pocas respuestas
La violencia en las calles motivó la participación y posterior represión policial ordenada por el Gobierno provincial. La Guardia de Infantería de Córdoba apeló a gases lacrimógenos y reprimió con balas de fuego para dispersar la multitud.
Como resultado de la represión, murió Oscar Alberto Molina, de 16 años, y hubo varios heridos, situación que agudizó mucho más el accionar de los manifestantes, que apuntaron al centro de la ciudad, rompieron vidrieras y hasta saquearon una armería.
Desde un primer momento, se especuló con que el joven Molina habría participado como mero espectador, por lo que no pertenecía a la fábrica ni era parte de los manifestantes. La versión fue confirmada años más tarde por su familia.
Luis Molina, hermano de Oscar, tenía 17 años en ese entonces y trabajaba en una tienda de ropa sobre calle General Paz al 700. Cuando dieron las 10, recordó que les pidieron que se fueran porque el negocio iba a cerrar por el paro.
“Me llamó la atención la cantidad de gente que había. Me quedé como chico curioso que era, nunca había sucedido algo así en San Francisco. La curiosidad nos llevó a mí y a mi hermano a ese lugar”, recordó en una entrevista con el medio local El Periódico, en agosto de 2021.
Narró que a su hermano lo encontró minutos más tarde frente a uno de los chalés que tenía Tampieri, pero que luego se dividieron. Tras ello empezaron las balas: “Salgo corriendo. Me alcanza un amigo que me grita ‘pará, Luis’. Me dice que había un chico tirado en la vereda. Nos volvimos, lo alzamos entre los dos para llevarlo a una clínica. Recuerdo que me chorreaba algo caliente, era su sangre”, sostuvo.
En la caída, Luis se golpeó la cabeza, se provocó un corte y terminó en la misma habitación del centro de salud. Luego, pasaría lo peor.
En medio de un griterío estrepitoso dentro de la clínica, reconoció a una enfermera: “Era hermana de un tío, le pregunté si había algún otro herido y ella se quedó fría mirándome”. Señaló que fue hasta la habitación de al lado abriéndose paso entre la gente.
“Lo primero que vi fue otro chico de la barra nuestra y me asusté. Tras ello llegué a un metro de la camilla y vi a mi hermano. Estaba bañado en sangre, con los ojos abiertos mirando el techo. Creí que estaba herido y no, ya no estaba con vida. Esa imagen no me la puedo borrar”, declaró con pesar.
Al ser consultado sobre si supo su familia quién mató a Oscar, respondió: “Tengo tantas versiones que no sé a quién creerle. Algunos dicen que lo mató la Policía, otros que lo mató la izquierda, que fue por error, nunca supe en realidad porque nadie investigó qué pasó. Cuando mi papá fue a reconocer el cuerpo, le dijeron que el balazo había ingresado por la espalda y le atravesó el corazón”.
“La muerte de Molina la intentaron usar políticamente”, explicó Jacqueline Gómez, profesora de Historia e investigadora de lo sucedido en el Tampierazo: “En el momento del velatorio intentaron colocarse algunas banderas de la Unión de Estudiantes Secundarios, Montoneros; se armó toda una movida. Al respecto, los padres deciden sepultarlo al amanecer en el cementerio de Plaza San Francisco porque ellos se negaban a que se le diera ese tinte político a la muerte, ya que el chico sólo estaba como espectador”, agregó.
Negociación y arreglo
Los desmanes ocurridos, sumados a la tragedia, provocaron la inmediata llegada a la ciudad de Atilio López, vicegobernador de la provincia.
Ese 30 de julio negro para San Francisco terminó con la liberación de los presos ordenada por López y con una reunión entre una comisión de la asamblea y el vicegobernador para resolver el pago atrasado de los obreros y acordar una futura reunión para regularizar la situación. A los 15 días, se pagó lo adeudado.
La fideera se vendió en una subasta pública en marzo de 1977.
Hoy, el edificio de la histórica fábrica sigue en la misma esquina. Vacío pero lleno de recuerdos de la pujanza industrial de esta ciudad a mediados del siglo pasado, pero también de su historia negra.
