Son muy pocos loas países en el mundo aplican derechos de exportación, y Argentina es uno de ellos. Si se considera sólo las exportaciones del complejo sojero, maíz y trigo, en los últimos 21 años, el agro aportó más de U$S 150.000 millones (a precios de septiembre de 2024) en concepto de este tributo, según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).
A raíz de los recurrentes debates que surgen a nivel nacional sobre la importancia de su reducción o, en el mejor de los casos, su eliminación, la entidad cordobesa elaboró un informe sobre el impacto que tuvo y tiene el impuesto sobre las arcas del Estado y en la rentabilidad de los productores.
Los derechos de exportación (DEX) son tributos que gravan los bienes que se comercializan al exterior, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente, es decir, al precio FOB (por sus siglas en inglés Free On Board que traducido al español quiere decir Libre a Bordo).
En Argentina, este tributo, tiene historia. Con el Plan de Convertibilidad en abril de 1991, se eliminaron los DEX al maíz, el trigo y los subproductos de soja, con excepción del poroto, sobre el cual se estableció una alícuota del 6% y, posteriormente, se reduciría a su mínimo histórico en noviembre de 1992 llegando al 3,5%. Sin embargo, tras la finalización de la convertibilidad, desde marzo de 2002 el Gobierno Nacional reintrodujo los DEX nuevamente en su política tributaria.
La mayor alícuota para el trigo se presentó en junio de 1989 posicionándose en 30% y manteniéndose hasta agosto de aquel año, para luego, ir reduciéndose hasta llegar a 0% en noviembre de 1990. Mientras que, para el maíz, el mayor porcentaje registrado fue del 31% en octubre 1984, y se redujo al 0% a fines del año 1990. En marzo de 2002, los DEX para ambos cultivos se ubicaron en el 10%, para luego subir al 20% en abril, manteniéndose por un período de cinco años. A fines de 2008, los DEX para el trigo suben nuevamente, para ubicarse en un nivel del 23%.
En diciembre de 2015, con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, nuevamente se eliminan los derechos de exportación, con la excepción del complejo sojero, el cual experimentó una baja de cinco puntos porcentuales en la alícuota, alcanzando el 30% para el poroto y del 27% para sus subproductos. Sin embargo, en septiembre de 2018 se restablecen los DEX para el maíz y el trigo, posicionándose en 10,4%. Mientras que, en el Gobierno de Alberto Fernández se incrementaron las alícuotas para el complejo sojero, el maíz y el trigo, las cuales se mantienen a la fecha.
Retenciones al agro: ¿qué Gobierno recaudó más?
Según el informe de la BCCBA, la recaudación proveniente de este tributo alcanzó los valores más elevados durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de elevados precios de los granos.
En segundo lugar, la gestión que más recaudó fue la de Alberto Fernández, promediando U$S 29.900 millones. Le sigue la administración de Mauricio Macri, que, en promedio fueron U$S 22.257 millones de U$S y en cuarto lugar Néstor Kirchner con U$S 18.790 millones. Mientras que, en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei lleva recaudando en concepto de DEX U$S 5.680 millones.
“Si se calculan los precios FOB promedios, máximos y mínimos en términos reales (a precios de septiembre de 2024) para cada administración presidencial, en el caso de la soja el precio promedio más alto fue de U$S 662 por tonelada experimentado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con un máximo de U$S 889 y un mínimo de U$S 462 por tonelada”, explica el informe.
El precio promedio más bajo de la serie fue durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando exhibió un valor de U$S 413 por tonelada, con un máximo de U$S 645 y un mínimo de U$S 329 por tonelada. En el periodo que transcurrió desde la asunción de Javier Milei hasta septiembre del corriente año, el precio promedió los U$S 432 por tonelada, ubicándose como el segundo menor precio promedio de la serie, precisa el informe.
Retenciones al agro: el efecto en las rentabilidad de los productores
El impacto del tributo sobre los márgenes de los productores es marcado. “Los derechos de exportación disminuyen el precio recibido por el productor que representan una transferencia de ingresos hacia el Estado Nacional por el equivalente a 14 quintales por hectárea en el caso de la soja, 10 quintales en el maíz y cuatro quintales para el trigo, considerando las alícuotas vigentes”, alerta el informe.
En Argentina más del 70% de la producción de granos es llevada a cabo en campos arrendados.
“Este costo en Córdoba promedia los 11,5 quintales de soja por hectárea y el contrato más utilizado es a quintales fijos de soja por hectárea. A raíz de esto, gran parte de los productores deben afrontar un arrendamiento independientemente del resultado que obtengan durante el ciclo productivo”, destaca la BCCBA.
En el escenario actual, la rentabilidad de los productores de cara a la campaña 2024/25 enfrenta una situación delicada debido al escenario bajista en los precios internacionales.
Según el estudio de la entidad bursátil, en el caso de la soja, del total de ingresos que se generan de una hectárea en Córdoba, el productor no recibe ningún tipo de ingreso luego asumir el riesgo de realizar la inversión y producir. Mientras que, la mayor parte de lo generado, se lo lleva el Estado Nacional mediante los derechos de exportación.
“De esta manera, los ingresos que genera una hectárea de soja (precio de exportación por rendimiento promedio), 33% se lo lleva el Estado Nacional, 27,4% los costos directos de producción, 27,1% el arrendamiento y 13,7% los gastos comerciales (transporte y acondicionamiento). Por lo tanto, con los precios a cosecha vigentes, el resultado para la producción de soja en campo arrendando sería negativo considerando un rendimiento promedio”, alerta el informe.
