La carne vacuna vuelve a ser objeto de disonancia entre el Gobierno nacional y los productores ganaderos. Esto ocurre cada vez que algún funcionario asegura públicamente que no le temblará el pulso para subir las retenciones a las exportaciones, o bien cuando advierte que el alimento debe comercializarse en el mercado interno a precios “razonables”. Como si la razonabilidad se midiera en cantidades.
La advertencia, que sería parte de una estrategia para hacer que los frigoríficos renueven un acuerdo de precios populares (que es insignificante en cuanto a volumen para el mercado interno), genera intranquilidad en la cadena de carne bovina. Es que sus integrantes conocen las consecuencias negativas de este tipo de decisiones políticas.
Sólo basta con recordar que cuando el Gobierno decidió en marzo de 2006 cerrar las exportaciones y comenzar a intervenir en el comercio de la carne se perdieron 12 millones de cabezas bovinas y se cerraron más de 100 frigoríficos.
Hacer populismo con el asado ha sido una práctica oficial que nunca funcionó. El efecto buscado, de volcar más carne al mercado interno a menor precio, terminó siendo un bumerán que le hizo perder a la ganadería 10 años de desarrollo. Además, producto de una menor oferta a mediano plazo, el consumidor no percibió en los valores al mostrador los beneficios de la intervención. Todo lo contrario.
Con el consumo interno por habitante en los niveles más bajo desde hace 70 años y con los feedlots perdiendo plata por cada animal terminado que envían a faena, la magnitud que tiene el precio de la carne excede al sector y hay que buscar sus razones en la inflación estructural que tiene la economía.
Comparado con el precio de la carne que pagan los consumidores en Brasil, Uruguay y Chile, Argentina era hasta enero donde más barata estaba. Un informe del economista Juan Manuel Garzón reflejaba que una canasta de ocho cortes tenía en ese momento en el país un valor promedio de 781 pesos por kilo, por debajo de los 832 pesos de Brasil, de los 845 pesos de Uruguay y un 25 por ciento menos que los 1.040 pesos por kilo pagados en Chile.
¿Se frena la inversión?
La lupa con la que el Gobierno observa a la carne vacuna no hace más que generar dudas en el sector ganadero, justo en un momento donde se deciden las inversiones.
A fines de marzo, una encuesta nacional del movimiento Crea mostraba que 71 por ciento de los más de 1.400 productores consultados tenían intenciones de invertir en infraestructura para ganadería.
Casi la mitad de los ganaderos encuestados manifestaron en ese momento planes para aumentar 10 puntos porcentuales la cantidad de vacas y de vaquillonas respecto del año pasado.
En promedio, las empresas de cría proyectaban aumentar la cantidad de vientres por entorar un 3,8 por ciento, mientras que en marzo de 2020 el incremento medio esperado era de apenas 0,6 por ciento.
El 40 por ciento de los grupos Crea tenían en carpeta incrementar la cantidad de terneros por destetar en relación con el ejercicio anterior. A pesar de las dificultades generadas por las restricciones hídricas en muchas regiones ganaderas, el destete promedio aumentaría 2,1 por ciento en 2021 respecto del año anterior.
Para llevar a cabo este crecimiento, la inversión en más superficie para verdeos de invierno crecería siete por ciento respecto del año anterior, mientras que la de pasturas aumentaría 10 por ciento.
En la carne, como en cualquier otro bien de consumo masivo, la mayor producción es la que permite contener los precios.
Las amenazas de intervención, como ya está comprobado, sólo le restan incentivos a la actividad y generan a largo plazo un efecto contrario.
