Mientras el Gobierno nacional sigue asegurando, de manera pública, que las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un mal impuesto, que castiga a la producción y que van a ser eliminadas, en la práctica sucede todo lo contrario.
Luego de mantener durante cinco meses una rebaja en los derechos de exportación para la soja y el maíz, el impuesto aumentará y volverá a los valores vigentes al 26 de enero.
De esta manera, a partir del 1° de julio, la soja dejará de pagar 26% de retenciones y pasará a tributar 33%, mientras que el maíz aumentará su impuesto del 9,5% al 12,5%. Solo el trigo y la cebada mantendrán el esquema actual (pagan 9,5%) hasta marzo de 2026.
Más allá de las reacciones críticas de la dirigencia agropecuaria y de los productores por la determinación oficial, el alivio impositivo logró dinamizar el ingreso de divisas a la economía, aunque no impactar en el aumento de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Mientras se anticipa para junio una liquidación récord por la venta de granos y derivados de la soja (harina y aceite), el Gobierno no ha podido aprovechar esa mayor oferta de dólares para sumar activos líquidos a la autoridad monetaria y acercarse a cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Baja en las retenciones: el impacto en los productores
Lorena D’Angelo, analista del mercado de granos, destacó que la baja de los derechos de exportación provocó una mejora en los precios recibidos por los productores en un momento en el que las cotizaciones habían empezado a bajar por la presión de la cosecha.
“Esto le permitió al productor vender con mejores precios, porque venían retrasados los negocios de la cosecha 2024/2025”, valoró D’Angelo.
Lo que no aportó la medida fueron reservas para el BCRA, debido a la decisión del Gobierno de sólo comprar divisas en el mercado abierto, que es donde liquida el sector agroexportador, cuanto el tipo de cambio estuviera en el piso de la banda de flotación ($ 1.000 por dólar).
“Como nunca llegó a ese valor (el tipo de cambio), el Gobierno no compró divisas a pesar de la fuerte liquidación que hizo el sector exportador por las ventas que hizo el productor. Lo que sí generó ese ingreso de divisas fue una oferta de dólares que le permitió al tipo de cambio oficial mantenerse estable, además de obtener una mejor recaudación nacional por retenciones”, indicó.
Cabe aclarar que la acumulación de reservas por parte del BCRA no solo es a través de la compra de dólares en el mercado cambiario. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el último viernes que el Tesoro nacional había adquirido la semana pasada U$S 200 millones, a través de un mecanismo que tiene el Gobierno para sumar recursos sin que el dólar llegue al piso de la banda cambiaria.
En los últimos días, los mercados agrícolas reflejaron el mayor interés de los productores por vender la soja y de los exportadores por declarar operaciones de ventas al exterior.
“Veíamos que la comercialización de la soja venía en torno al promedio y la del maíz por debajo, pero se aceleró en los últimos días, antes del 30 de junio”, aseguró Gonzalo Agusto, economista jefe del Departamento de Economía de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).
Entre el 27 de enero, cuando comenzó a operar la rebaja de las retenciones, hasta el miércoles 25 de junio, se comercializaron un total de 18,79 millones de toneladas de soja y 13,88 millones de toneladas de maíz, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El miércoles 25 fue uno de los días con más volumen vendido, con más de 800 mil toneladas para todos los granos.
La medida, más allá de las críticas de las entidades rurales por su corta duración, logró impulsar las exportaciones.
“Lo que hace el exportador es presentar las declaraciones juradas de venta al exterior y a partir de ahí debe ingresar el 90% de las divisas en el término de 15 días para que pueda operar la baja de las retenciones. Si bien este mecanismo permitió adelantar el ingreso de dólares, habrá que ver cómo funcionará la venta a futuro”, opinó Agusto.
De acuerdo con los datos de la BCCBA, a partir de las estadísticas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el período enero-mayo de 2025 es el tercero mejor desde 2002, cuando se implementó el actual sistema de retenciones.
A diferencia de lo que ocurrió en 2021 y 2022 –los años de mayor aporte de divisas para los primeros cinco meses del año–, el crecimiento durante este año es más por volumen de venta (aprovechando el diferencial de retenciones) que por mejores precios.
Para D’Angelo, el ritmo de ventas durante junio podría generar un ingreso de divisas superior a los U$S 6.500 millones.
El ritmo de comercialización durante los últimos días quedó reflejado en la cantidad de camiones que ingresaron a los puertos del Gran Rosario.
Un informe realizado por el analista Pablo Adreani muestra que en las últimas dos semanas de mayo habían ingresado a las terminales santafesinas un total de 94,901 camiones con soja y maíz, con un total de 3,036 millones de toneladas, por un valor de U$S 1.012 millones.
Mientras tanto, en las primeras tres semanas de junio arribaron al Gran Rosario 126.351 camiones con un volumen de 4,043 millones de toneladas por un valor de U$S 1.254 millones.
“En apenas 40 días, ingresaron 221.252 camiones transportando 7,08 millones de toneladas, por un valor de U$S 2.267 millones”, dimensionó el analista.
Suben las retenciones: ¿se frenan las ventas?
A partir del 1° de julio, y con la vuelta a las alícuotas más altas para la soja y el maíz, la pregunta por dilucidar es saber cuál será el comportamiento que tendrán los productores al momento de vender los granos.
La decisión no es menor, ya que en el caso de la soja pasar de la actual retención del 26% al 33% significaría una caída en el valor de alrededor de U$S 26 menos por tonelada.
“El productor va a ir midiendo y vendiendo lo justo y lo necesario en función de sus obligaciones, hasta tanto tenga mejores oportunidades, tanto en términos de precios internacionales o si a futuro hay algún cambio en los derechos de exportaciones; el tipo de cambio es poco probable que se modifique”, observó el economista de la BCCBA.
El mercado internacional también va a ir dando señales, con una perspectiva de precio que se avizora más alcista para la soja que para el maíz.
Ese escenario podría hacer que los productores decidan desprenderse en los próximos meses del cereal y guardar la soja, para captar a futuro un mejor precio que les permita compensar el aumento en los derechos de exportación.
Por lo pronto, hay coincidencia entre los analistas en que el mercado de corto plazo mostrará una retracción en las ventas. Bajo las nuevas condiciones impositivas, D’Angelo advirtió que el productor que no vendió la soja, ya no lo hará.
“En estos últimos días, estuve con productores de diferentes zonas del país que habían decidido aprovechar la baja de las retenciones y vendieron a precio hecho (capturando el valor), pero advirtiendo que si aumentaban las retenciones (como finalmente sucedió), no iban a vender más, a la espera de otra rebaja”, comentó.
Un interrogante será saber qué pasará con el valor de la soja. “En teoría, por volver a los niveles de retenciones de enero, los precios a futuro deberían bajar a U$S 26 por tonelada”, precisa la especialista.
Sin embargo, en la práctica, la caída podría ser inferior. “El sector exportador está pagando por el grano disponible un valor más bajo de la paridad, lo que podría hacer que, con la suba de los derechos de exportación, la disminución en el precio no sea tan pronunciada como indican los papeles”, razonó.
Pablo Adreani, analista del mercado de granos, también coincidió en que la oferta de granos se desacelerará y bajará varios cambios. “Con una mayor carga impositiva, el productor no se va a desprender de la soja y quizá pueda esperar alguna señal por el lado del maíz, que puede generar oportunidades comerciales a partir de octubre. Pero habrá que seguir de cerca cómo es el comportamiento de los precios”, admitió.
Si bien la rebaja a las retenciones termina el 30 de junio, los analistas aclaran que el flujo de divisas podría derramar, inclusive, hasta los últimos días de julio.
Desde Portfolio Personal Inversiones, aseguraron que los exportadores pueden asegurarse el nivel de las retenciones vigentes registrando una declaración jurada de venta al exterior antes del 1° de julio, y luego cuentan con hasta 15 días hábiles para ingresar el 95% de las divisas correspondientes. “Así, es probable que la liquidación del agro siga mostrando un ritmo elevado al menos hasta el 23 de julio“, pronosticaron.
La dirigencia rural de Córdoba criticó la suba de las retenciones a la soja y al maíz
Formalizada en el Boletín Oficial del viernes 27 de junio, la decisión del Gobierno nacional de mantener en los actuales valores la retención para el trigo y la cebada, y subir el tributo a la soja y el maíz, fue recibida con críticas entre la dirigencia agropecuaria cordobesa.
Más allá de no coincidir con la determinación oficial, por el impacto económico que genera en la producción, las entidades gremiales le achacan a la actual administración el incumplimiento de su promesa de eliminar el impuesto.
Para Coninagro Córdoba, que agrupa a productores del movimiento cooperativo, la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones representa un nuevo y severo golpe al corazón productivo del país.
“La metáfora es clara: no se puede salvar un barco destruyendo sus botes salvavidas. La política de derechos de exportación ha demostrado ser una herramienta distorsiva e inequitativa, perjudicial para quienes producen”, advirtió la entidad.
A través de un comunicado, que lleva la firma de Vanesa Padullés (presidenta), Gustavo Gaich (vicepresidente) y Pablo Panatti (vicepresidente primero), Coninagro aclaró que el sector no está pidiendo privilegios, sino reglas justas.
“No se puede hablar de libertad si el sector agropecuario sigue siendo el único obligado a pagar por exportar, ni exigir competitividad global con impuestos internos que duplican o triplican los costos de producción”, añadió.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que aglutina a sociedades rurales de Córdoba, San Luis, Catamarca y La Rioja, también salió a advertir sobre las consecuencias que tendrá la suba del impuesto en el actual contexto. “Es inoportuna, en un momento de precios internacionales en baja, insumos y servicios en alza, con una mayor carga impositiva”, se quejó.
“Con la decisión de subir el impuesto, el Gobierno ha decidido continuar apropiándose de la producción agrícola, mientras pregona libertad”, fustigó.
Las entidades rurales que conforman el arco noroeste de la provincia también se manifestaron en contra, a través de un comunicado firmado por la Asociación Civil de Productores de Río Primero y las sociedades rurales de Arroyito, Pampa de Pocho, Jesús María, del oeste de Córdoba (Villa Dolores) y del norte (Deán Funes),
“Lejos de consolidar un nuevo rumbo para el agro argentino, esta medida representa una regresión que no solo afecta la rentabilidad, sino que golpea de lleno la confianza que el sector puso –una vez más– en la posibilidad de construir un país distinto, con reglas claras, previsibilidad y un verdadero federalismo productivo”, advirtieron.
El distrito Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA) también mostró su postura crítica respecto a la decisión oficial. “En 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio Gobierno nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo, bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan”, afirmó la Rural a través de sus directores cordobeses Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde.
Sobre el impacto económico que tendrá la medida, un informe del distrito Entre Ríos de la SRA precisa que la suba tributaria les quitará a los productores de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) aproximadamente U$S 971 millones adicionales.
Para tomar dimensión de lo que representa, equivale a transferir al Estado el valor de 1.846.007 terneros; 1.712.522 hectáreas de soja y 10.124 tractores nuevos, ejemplificó la entidad.
