Con fuertes cuestionamientos a la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, los productores rurales del arco norte y oeste de la provincia plantearon la necesidad de tomar acciones concretas para cambiar el “mapa” de Córdoba que define áreas protegidas, que califican como ya inexistentes.
La Mesa de Enlace, de entidades agropecuarias, financió el “Estudio de Áreas Quemadas del Arco Noroeste”, que graficó una grave situación que las sociedades rurales de siete distritos denuncian.
El dato más contundente de la presentación realizada esta semana es que entre los años 2010 a 2022 se quemaron 1.101.794 hectáreas de campo en el territorio provincial.
El 75% de esa tierra arrasada corresponde a las zonas rojas y amarillas, catalogadas como de alto y mediano valor de conservación, tal como lo estipula a nivel provincial por la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (N° 9.814).
Más noticias de Jesús María y Colonia Caroya
La presentación se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María y contó con representantes de entidades agrarias de Deán Funes, Villa Dolores, Pampa de Pocho, Cruz del Eje y Río Primero.
El estudio advierte que si bien a nivel nacional hay 2.923.985 hectáreas en zona roja y amarilla, en Córdoba esa cifra trepa a 5.800.458 hectáreas, es decir, casi el doble. Cada jurisdicción tiene sus propios instrumentos de clasificación.
Para los expertos que realizaron el trabajo de investigación, que utilizó herramientas de última generación y la asistencia de tres satélites, hay zonas “pintadas” que no deberían estar “clausuradas” o vedadas a cualquier esquema productivo.
Alejandro Brandán, integrante de la Sociedad Rural de Jesús María, tuvo a su cargo la presentación del estudio ante los productores y resaltó el riesgo que esto implica por la “enorme acumulación de material combustible”, que luego termina siendo el alimento de los incendios.
“Lo que nosotros queremos proponer es una manera para disminuir la intensidad y la frecuencia de estos disturbios (incendios), y que, a su vez, esto nos permita vivir en estos lugares, porque entre que no se puede producir y que nos prendemos fuego, no hay ninguna chance de que la gente viva en el arco noroeste”, sentenció.
Una de las mociones que manifestaron los productores que estaban presentes fue convocar a los legisladores cordobeses para que, a través de ellos, se canalicen modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial, normativa que es cuestionada desde hace años por el sector agropecuario.
“Una vez que un campo se quema tiene graves consecuencias a nivel de suelo, de irrigación, la pérdida de materiales biológicos, la pérdida de animales y no cambia de categoría, no podemos hacer nada, al contrario de lo que se dice, que se quiere hacer soja, hay lugares donde es imposible hacer soja y se prende fuego todos los años; hay un error de concepto en esto”, apuntó Brandán.
Sostuvo, además, que no se pueden esperar otros 12 años para que se queme otro millón de hectáreas.
De hecho, nunca se hizo una revisión del mapa de conservación de suelos en Córdoba, que es otro reclamo histórico de las entidades gremiales agropecuarias.
Muchos campos quedaron bajo el manto de esta protección y se convirtieron, de la noche a la mañana, en improductivos.
“Al contrario de lo que piensan, nosotros somos ambientalistas, queremos proteger también el bosque, pero no es esta la manera”, finalizó Brandán.
Algunos referentes, como el presidente de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, Gustavo Laudin, dijo que “hay un negocio en los incendios”.
“Esto nació malparido, porque desde el primer momento se especuló desde lo económico, en el pintado de mapa, la determinación de hectáreas en las distintas categorías, los recursos que eso generó como consecuencia de la promesa de compensación ambiental para los productores”, aseveró.
Hizo alusión a que muchos campos se vieron fuertemente afectados por este proteccionismo del bosque nativo, incluso en lugares donde no existe como tal.
