Generar recursos y lograr mantenerlos con poder de gasto durante cierto tiempo se ha vuelto una tarea compleja para las empresas y las administraciones públicas. Y hay testimonio de ello.
“La inflación muestra una dinámica negativa, que en los últimos siete años tiene un promedio del 50% y que en 2022 alcanzará el doble. Es difícil encontrar en el mundo un país con un desempeño peor que Argentina”, admitió el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, durante la presentación en la Legislatura del Presupuesto 2023.
Precisamente, la “ley de leyes” prevé para el año próximo aumentos en las contribuciones provinciales por debajo de la inflación estimada por el Gobierno nacional: 60%. Un indicador que, en principio y a juzgar por las proyecciones de las consultoras privadas, está subestimado.
A nivel de los impuestos patrimoniales, sólo el Inmobiliario Rural superará ese “límite” fijado por el Ministerio de Economía de la Nación, con un máximo de hasta 69% para los campos de mayor valor en la provincia. La contribución por los inmuebles urbanos subirá en promedio 44%, mientras que la de los automotores se actualizará un 49%.
Si bien es sabido que el grueso de los recursos que la Provincia genera es a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (donde el agro está exento) y del Impuesto a los Sellos (donde hay algunas eximiciones previstas para el año próximo), los fondos que aportará el agro vuelven en su gran mayoría al sector.
Desde hace dos años, el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), creado con destino exclusivo para los gastos en infraestructura, se lleva el 70% del impuesto a la tierra.
El año pasado, el fondo tuvo asignados recursos por 12.549 millones de pesos, cifra que para el año próximo crece a $ 23.189 millones, un 84% más.
“Saber que los consorcios camineros cuentan con el dinero para realizar las obras de mejoramiento y de mantenimiento de la red secundaria y terciaria de caminos rurales da tranquilidad”, aseguran desde las entidades rurales, que se encuentran representadas en el directorio del fideicomiso, administrado por Bancor.
El FDA reemplazó a los fondos específicos para obras que estaban incluidos en el cedulón hasta 2019 y buscó dar respuesta a un histórico reclamo del agro: tener certeza de que el dinero aportado es efectivamente usado para proyectos de infraestructura en zonas rurales.
¿Alcanzará?
El interrogante será saber si, con una inflación que podría superar la pauta oficial, los fondos asignados de manera específica serán suficientes para el funcionamiento de los consorcios y para llevar a cabo las obras que necesitará el sector durante 2023.
En el caso de que la suba de los precios supere los parámetros oficiales, una de las opciones barajadas al comienzo era prever una actualización mensual para aquellos contribuyentes del impuesto que optaran por el pago en cuotas.
Sin embargo, la cláusula gatillo no está contemplada de manera expresa en el Presupuesto.
¿Qué pueda llegar a ocurrir en el segundo semestre del próximo año? Por ahora, nadie lo sabe.
En el esquema impositivo presentado esta semana por la Provincia, se mantiene la estratificación por tamaño de las explotaciones rurales en tres niveles, tal como se viene aplicando en los últimos años, con reajustes promedio para cada una de ellas: del 59% para los establecimientos de hasta 50 hectáreas; del 64% para las unidades de entre 51 y 200 hectáreas, y del 69% para los campos de más de 200 hectáreas.
El promedio para los casi 200 mil cedulones de la anualidad 2023 rondaría el 59%, según indicó Giordano, un punto porcentual menos que la inflación prevista en el Presupuesto nacional 2023.
Durante el presente ejercicio, la suba máxima en el impuesto fue de 49,5%, y terminó diluyéndose contra una inflación que, anualizada, será de casi el doble.
Como beneficio impositivo para el sector, la Provincia aliviará el impacto del Impuesto a los Sellos en los trámites de inscripción de maquinarias agrícolas. Reducirá la alícuota del 1,5% al 1% para la registración de máquinas, tractores y, en general, los vehículos cuyo uso específico no sea el transporte de personas o de cosas.
