La falta de actualización en el precio de la harina de trigo, frenada en forma arbitraria por el Gobierno, genera distorsiones en uno de los sectores más importantes de la economía.
Lo que está sucediendo es que las empresas nucleadas en la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) están impedidas de vender la harina a un precio de razonabilidad económica, debido a que el Gobierno les impone pautas limitantes a la actividad, a través de su política de precios máximos.
Algunas cifras que comprueban que esto no es una fantasía: desde el 6 de marzo, el Estado solo permitió dos aumentos, uno de cinco por ciento y otro de cuatro por ciento; es decir, un nueve por ciento en 10 meses. En el mismo plazo, la tonelada de trigo que valía 13 mil pesos pasó a costar 21 mil.
De acuerdo con datos del Indec, la harina fue el producto que menos subió el último año, mientras que el trigo, que representa el 80 por ciento del costo de elaboración, se encareció 61 por ciento.
Es cuestión de hacer matemática pura y básica: con estas diferencias, en el marco de una inflación del resto de los costos de entre 35 por ciento y 40 por ciento, el negocio se hace insostenible.
Intervenciones
El problema es que el Gobierno aplica la teoría errónea de que manejando o controlando el precio de la harina puede lograr que no suba el pan, y no hay nada más alejado de la realidad. El pan no aumenta por el incremento de la harina; sube por la actualización de otros componentes más relevantes en su costo de elaboración.
Por ejemplo, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada), muestra que la incidencia de los molinos en el precio final del pan es de solamente el 4,2 por ciento, mientras que los costos de elaboración de la panadería representan el 66,3 por ciento del total, los impuestos significan el 17,7 por ciento y el trigo significa solo 11,8 por ciento.
Durante la cuarentena, el precio promedio de la docena de medialunas llegó a 290 pesos, con valores que oscilaron entre 240 pesos y 360 pesos. Esto quiere decir que con el precio de dos docenas de medialunas, el panadero puede comprar una bolsa de 25 kilos de harina, lo que demuestra que el precio de este insumo es marginal y no incide en forma significativa en el precio del producto final.
Como problema adicional, los molinos tienen problemas de abastecimiento de trigo como consecuencia de los mensajes coercitivos del gobierno, como la amenaza de un aumento de las retenciones o una posible prohibición o limitación de las exportaciones, que generan más incertidumbre y llevan al productor a retener y no vender.
El Gobierno debería dar señales claras de que no va a modificar las reglas de juego y, lo más importante, liberar el precio de la harina para evitar un agravamiento de la crisis económica que sufren los molinos, no por su ineficiencia sino por la mala praxis política.
