Mientras el Gobierno estudia aplicar el cobro de un canon por el uso propio de semillas de soja y de trigo, en concepto de reconocimiento por la tecnología aplicada, entidades rurales y representantes de la oposición se oponen a la medida.
Cómo será “la nueva ley” de semillas
Si bien por el momento no hubo ninguna presentación oficial, el texto del borrador de la resolución que ha circulado en diferentes ámbitos prevé que aquel productor que guarda parte de la cosecha de soja y de trigo, entre otros cultivos, como semilla deberá pagar “hasta un 1,5 % del valor por tonelada del producto al momento de la comercialización”.
La retención de la tasa se hará en el primer eslabón de comercialización (por ejemplo, un acopio o cooperativa, y recaería sobre todos los productores, salvo los de la agricultura familiar, y en el caso de que se acredite la compra de la semilla fiscalizada ahí se hará un reintegro.
La semana pasada, el ministro de Agricultura argentino, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.
Rechazo del agro al pago de un nuevo impuesto
Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existían los eventos biotecnológicos, y desde hace casi 15 años que se vienen negociando en el Congreso una nueva norma que reconozca la propiedad intelectual de esa genética, pero sin éxito.
Los “obtentores”, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.
Por su parte, los productores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al “obtentor”.
“La solución debe ser equilibrada entre las partes, obtentores, usuarios y Estado”, dijeron este jueves en un comunicado las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que remarcó que la eventual imposición de una tasa tecnológica sobre la venta de granos solo beneficiaría a los obtentores.
Las entidades rurales también se quejaron por no haber sido convocadas para discutir este asunto.
“Siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”, dijo CRA.
El diputado nacional y ex vicepresidente de CRA, Ricardo Buryaile objetó el procedimiento del Gobierno para crear el nuevo sistema. “Argentina debe tener una ley de semillas que resguarde los intereses de toda la cadena: obtentores, multiplicadores y productores. La tecnología se debe impulsar y reconocer. Para ello, la única autoridad competente para legislar en esta materia es el Congreso de la Nación”, sostuvo el actual presidente de la Comisión Agricultura de la Cámara de Diputados.
La iniciativa para que el cambio de la norma pase por el Congreso Nacional es impulsada (además de Buryaile) por los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez, Gabriela Brouwer de Koning y Ricardo García Aresca; además de Alejandro “Topo” Rodríguez, José Luis Espert, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Claudio Poggi, Carlos Zapata, Jorge Vara, Roberto Sánchez, José Nuñez, Martín Maquieyra, Paula Omodeo, Victoria Borrego, Pablo Cervi, entre otros.
Recaudación y reparto del canon tecnológico
Los ingresos que se generen por la contribución de la nueva tasa serán transferidos a la cuenta especial administrada por la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov)”.
La distribución de los fondos será en partes iguales entre el semillero propietario del germoplasma y del de la biotecnología.
Un 88% del total de los recaudado será para obtentores de variedades vegetales protegidas y titulares de la tecnología incluida en ésta, si la hubiere. Otro 10% está destinado a “programas de investigación y desarrollo de germoplasma y tecnologías aplicadas al cultivo”. Este porcentaje será administrado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación e incluirá al Inta como beneficiario. En tanto, otro 2% irá al Instituto Nacional de Semillas (Inase)
Precisamente, será el Inase el encargado de identificar a la especies que quedarán incluidas dentro del nuevo sistema.
