La Cámara Federal de Córdoba rechazó la apelación del fiscal en un caso en el que se investiga a la firma Bunge por presunta evasión tributaria.
La Fiscalía había solicitado a la Afip informes sobre períodos fiscales diferentes a los que son objeto del proceso, lo que fue rechazado en primera instancia por el Juez Federal de Villa María el 1 de octubre de 2021, lo que fue confirmado por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada para resolver en esta causa por los Liliana Navarro, Abel Guillermo Sánchez Torres e Ignacio María Vélez Funes.
La causa investiga el delito de evasión agravada presuntamente cometida por mediante la simulación de operaciones comerciales respaldadas con facturas apócrifas durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013.
Por este hecho se encuentra imputado Plácido Enrique Humanes, en carácter de presidente de la firma por los delitos calificados provisionalmente como “evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas”.
La solicitud de la fiscalía
La fiscalía había solicitado que se amplíe el pedido de información a la Afip al período 2008-2017, lo que fue rechazado.
Navarro, quien votó en disidencia, expresó que la solicitud del fiscal a la Afip “no parece una medida que de algún modo violente el derecho de defensa del imputado ni el principio de legalidad en la causa”.
Por su parte, el camarista Abel Sánchez Torres sostuvo que “luego de analizar las posiciones y razones esgrimidas por las partes, a la luz de las constancias de autos, he de postular en esta oportunidad mi disidencia respecto de la solución adoptada por la señora Jueza de Cámara preopinante, Liliana Navarro, por cuanto considero que la resolución apelada debe ser confirmada”.
En síntesis, para el camarista, “la medida cuestionada produciría una afectación actual, seria y concreta, no solo sobre los derechos de los involucrados (Bunge y sus directivos imputados), sino sobre los pilares democráticos y republicanos del Estado argentino, sobre la actuación regular de sus órganos y sobre la vigencia irrefutable del derecho penal de actos impregnado de los principios de razonabilidad y culpabilidad”.
Por su parte, Vélez Funes, en coincidencia con Sánchez Torres, expresó que “se advierte en el caso, que estando consolidado en la causa un objeto procesal definido, el cual motivó la indagatoria y realización de medidas de prueba, no resulta acertado que durante la instrucción, se requieran datos que puedan afectar la privacidad sobre personas físicas o jurídicas indeterminadas que pudieran estar vinculadas a otros períodos fiscales no contenidos en el objeto inicial de investigación, sin una imputación previa o bien, que resulte consecuencia de otra prueba obtenida con la debida fundamentación que así la justifique.
De este modo, se estaría ampliando el objeto procesal sin una promoción de acción penal efectuada con anterioridad, de modo que se pueda ejercer debidamente el derecho el derecho de defensa en juicio”.
