La propuesta del secretario de Agricultura de aumentar las retenciones al 15% para la producción de las economías regionales y aumentar del 12% al 15% las retenciones a la exportación de trigo y de maíz, es el mejor síntoma que refleja la frase “necesitamos plata”, en reemplazo de la frase del presidente Milei “no hay plata”.
El posterior anuncio, dos días después, del secretario de Bieconomía de aumentar las retenciones al aceite y la harina de soja del 31% al 33% para compensar la no suba de las retenciones al 15% de las economías regionales, habla de cierto nivel de improvisación en los anuncios; o al menos de no haber evaluado bien el impacto de esta medida.
Si bien el análisis matemático indica que el aumento de dos puntos en las retenciones al complejo soja aumentan los ingresos para el Gobierno en cerca de U$S 300 millones, la medida en sí misma tiene un efecto negativo para los productores de soja, que dejarán de percibir U$S 400 millones.
Igualar las retenciones en el 33% del aceite de soja y la harina de soja al mismo nivel que los derechos de exportación al poroto de soja, viola el principio de equidad tributaria y genera un sobre costo de producción a la industria aceitera procesadora de la oleaginosa.
Numerosos estudios económicos, financieros e impositivos, han demostrado el impacto negativo y el aumento de los costos de elaboración del aceite y la harina de soja, en el proceso de molienda, cuando se anula el diferencial entre los productos y subproductos resultantes de su elaboración.
El análisis del margen bruto arroja un aumento en los costos de elaboración de entre U$S 10 y U$S 11 por tonelada. Este aumento en el costo de producción será trasladado por las empresas aceiteras en el precio de compra de la soja, que podría bajar entre U$S 10 y U$S 11 por tonelada, para poder compensar de esta forma los mayores costos de exportación.
Si consideramos un volumen de molienda de soja de 40 millones de toneladas, una caída de U$S 10 por tonelada en el precio de la soja recibido por los productores, implican una caída en el ingreso de los productores de U$S 400 millones con respecto al status quo actual, en el que rige 33% retenciones grano de soja y 31% retenciones del aceite y la harina de la oleaginosa.
Sin diferencial arancelario podrá haber un aumento adicional en las exportaciones de poroto de soja por un volumen estimado de tres millones de toneladas. Si esto ocurre, la única forma de competir con la oferta de soja de Brasil, que exporta 100 millones de toneladas de grano, agregando una oferta de 3 millones de toneladas en el comercio global, es bajando los precios FOB de exportación del grano argentino. Pero el ingreso de divisas aumenta en U$S 1.401 millones.
Mientras que la reducción en el volumen de molienda de soja, por márgenes de molienda negativos, podría ser superior a los cinco millones de toneladas y en este caso el ingreso de divisas se reduce en U$S 2.260 millones. En el balance el saldo neto de ingreso de divisas, resulta en una caída de U$S 860 millones.
En conclusión, la pérdida en el diferencial de retenciones afecta la competitividad de uno de los sectores más competitivos de la Argentina: la agroindustria procesadora de soja. Esa decisión impositiva vuelve a colocar a nuestro país como benefactor de la exportación de commodities agrícolas, en lugar de promover el mayor valor agregado.
Es decir, vamos en contra de las exportaciones de valor agregado y profundizamos la primarización de las exportaciones. Mientras tanto, el principal perjudicado es el productor y luego la industria aceitera, que pierden competitividad.
