Hacia finales de octubre de 2022, los exportadores ya tenían compradas 5,4 millones de toneladas de trigo de la cosecha 2022/23, en forma anticipada y bajo la modalidad de contratos forward.
Eran tres millones de toneladas bajo la modalidad precio hecho y 2,4 millones de toneladas por “fijar precio”.
En ese momento, el mercado estimaba un volumen de producción de trigo de 20 a 22 millones de toneladas; sin embargo, la sequía se prolongó durante los meses de noviembre hasta abril de 2023 y se llevó puesto el 50% de la cosecha.
Esta situación climática anunciada, pero inesperada por la severidad y la persistencia, provocó cambios drásticos e irrecuperables en el volumen de producción, que impactaron sobre el balance de oferta y demanda del trigo y en el normal patrón de comercialización de la cosecha.
Para ese momento, cuando las pérdidas ya estaban confirmadas, el Gobierno decidió postergar el cumplimiento y la ejecución de las declaraciones juradas de ventas (DJVE) de exportación de trigo.
Para ello dio plazos mucho más extensos para que se pudieran cumplir y no se produjera un estrangulamiento en la oferta en el mercado de trigo disponible.
De esta forma, el Gobierno evitaba el potencial desabastecimiento de trigo en el mercado interno.
La medida fue muy criticada y sigue siendo objetada por algunas entidades de la producción, que también argumentaban que la medida beneficiaba a los exportadores.
Sin embargo, la decisión oficial fue acertada para ese momento y sigue siendo útil en la actual coyuntura.
La medida del Gobierno tuvo un efecto colateral favorable para los productores, ya que los exportadores decidieron no exigir a los productores el cumplimiento de los contratos forwards previamente pactados con anterioridad, debido a los efectos de la sequía. Ha sido como una especie de waiver, o perdón.
Como analista de mercados, siempre he apoyado el libre comercio y soy contrario a cualquier intervención estatal que distorsione los precios y el normal desarrollo de la comercialización.
En esta oportunidad, le tengo que dar la razón al Gobierno, pues de no haber diferido el cumplimiento de las DJVE hoy hubiéramos estado padeciendo la falta de trigo en el mercado disponible.
Ello hubiera traído aparejado el desabastecimiento de harina para los consumidores y la falta del productor en las góndolas, afectando el abastecimiento de pan y de fideos en la mesa de los argentinos.
Sin embargo, el verdadero origen de las distorsiones que se producen en el mercado son los llamados “volúmenes de equilibrio” implementados por el Gobierno.
Estos mecanismos funcionan como verdaderos cupos a las exportaciones de trigo y de maíz, administrados en forma arbitraria por personal no idóneo o con falsa ideología.
Son parte de la falsa ilusión de un Estado que debe controlar el comercio de granos, como pretexto “en defensa de la mesa de los argentinos”, cosa que en la práctica no se pudo materializar en precios más bajos para los consumidores.
Las circunstancias lograron que cambiara el patrón de comercialización de trigo.
Entre principios de noviembre 2022 y las declaraciones juradas de compras de la exportación y los molinos, al 2 de agosto, fueron los molinos los que compraron la mayor cantidad de trigo.
El acumulado de compras de los molinos llegó a 3,9 millones de toneladas, un aumento en el volumen de compras de 3,7 millones de toneladas con respecto a las 200 mil toneladas compradas a principios del mes de noviembre.
En el mismo período, los exportadores compraron un total de 1,5 millones de toneladas, entre los 5,4 millones de principios de noviembre y los 6,9 millones de toneladas de compras acumuladas al pasado 2 de agosto.
Gracias al diferimiento de las DJVE, medida acertada del Gobierno, los molinos pudieron comprar el trigo suficiente para producir la harina, y así continuar con el abastecimiento de harina a las panaderías y a otras industrias procesadoras de pan, pastas y galletitas.
