El diputado nacional por Córdoba y miembro del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley para eliminar de forma progresiva las retenciones a las exportaciones agrícolas en un plazo de cinco años. La iniciativa, que propone una reducción anual del 20% en las alícuotas hasta su desaparición total.
A los efectos de amortiguar el impacto fiscal de la medida, establézcase un mecanismo de otorgamiento de créditos fiscales que permitan a los productores utilizarlos para aplicarlos a inversiones de producción y/o a la cancelación de tributos nacionales.
El proyecto del legislador cordobés cuenta con el respaldo de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Nicolás Massot, Fernando Carbajal, Danya Tavela, Francisco Morchio y Margarita Stolbizer.
Según Agost Carreño, esta medida responde a la necesidad de “dar un marco de seguridad jurídica al sector”, que por años ha sido perjudicado por un impuesto excesivo y cuestionado tanto por productores como por juristas.
Sobre los créditos fiscales para que los productores puedan destinarlos a inversiones productivas o al pago de tributos nacionales, el diputado nacional fundamentó su implementación. “Este esquema es fundamental para brindar incentivos concretos que impulsen la inversión en un contexto de recesión económica que ya lleva años”, añadió.
La propuesta también incluye la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, una normativa de la última dictadura militar que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar, establecer o eliminar retenciones a las exportaciones. Agost Carreño señaló que este artículo, que ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones, representa una delegación de poderes que, en su opinión, contradice la Constitución: “Las retenciones son impuestos, y como tales, deben ser establecidos exclusivamente por el Congreso; no corresponde que el Ejecutivo asuma estas atribuciones sin intervención legislativa”.
La iniciativa surge en un contexto de crecientes críticas al actual sistema de retenciones, que Agost Carreño describe como un “obstáculo que sofoca a los productores, quienes generan empleo y divisas para el país”. Con esta propuesta, el diputado espera resolver una deuda legislativa, permitiendo al sector agropecuario desarrollarse sin trabas y, al mismo tiempo, contribuir a la recuperación económica del país.
El mecanismo de certificado
Durante esa etapa de rebajas anuales de la retenciones, el proyecto propone que los productores continúen abonando los derechos de exportación por la totalidad de las alícuotas, pero que sean inmediatamente compensados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) con la emisión de certificados de crédito fiscal por el margen anual correspondiente al calendario de rebajas que se propone.
“Dicho crédito debería reflejarse en la billetera electrónica del contribuyente”, aclara el proyecto.
Los certificados podrán ser utilizados para: la adquisición de productos y servicios para aplicarlos a inversiones de producción agropecuaria, a proveedores de esos productos y servicios siempre que estén inscriptos fiscalmente; para el pago parcial o total de los tributos nacionales, en el caso del IVA hasta un treinta por ciento del saldo mensual determinado, pudiendo distribuir el monto con un límite de seis meses por año calendario; y hasta 50% del Impuesto a las Ganancias del monto anual determinado, pudiendo distribuir el monto con un límite de tres años fiscales consecutivos.
Los certificados de crédito fiscal puedan ser transferibles entre particulares para que revistan mayor utilidad a los productores, “pero además para intentar dar mayor dinamismo a la economía ligada al campo”, fundamenta el proyecto.
Dichas transferencias se deberían realizar para la compra de bienes de capital y/o el pago de servicios críticos de la cadena de valor agropecuaria.
Los certificados de crédito fiscal serían títulos ejecutivos y por tal podrían ser negociados en los mercados.
La iniciativa invita a las Provincias a adherir, a través de la a suscripción de convenios que permitan aplicar los créditos fiscales a tributos provinciales.
