En los primeros 40 días del gobierno de La Libertad Avanza, la sensación que tienen la mayoría de los productores agropecuarios es que se percibe un cambio de rumbo, aunque por el momento se transita por la misma dirección.
La decisión oficial de establecer en un mínimo de 15% las retenciones a casi todas las exportaciones del sector, con la excepción de algunas economías regionales, causó sorpresa en la actividad; más si se tiene en cuenta que desde el partido gobernante se había criticado durante la campaña electoral la permanencia del impuesto, que ya lleva más de dos décadas de vigencia.
La resistencia de los diputados por Córdoba y de otras provincias productoras al incremento generalizado del impuesto, previsto en la “ley ómnibus” que se trata en el Congreso nacional, ha generado una instancia de revisión, no sólo en cuanto a las actividades a las que incluye, sino también sobre su posible extensión en el tiempo.
Lo concreto es que en actividades productivas con valor agregado, como por ejemplo la elaboración de proteínas vegetales y de fardos de alfalfa, en las que Córdoba tiene involucrados a muchos productores y pymes, la retención del 15% prácticamente termina con su negocio exportador por la falta de competitividad.
Convencer a las autoridades del Ejecutivo de que el beneficio fiscal que va a tener la medida es significativamente menor al costo (daño) que va a provocar en las economías del interior es parte de la tarea que llevan adelante legisladores y referentes de la producción.
En el caso de la producción de alfalfa en Córdoba, sobre una facturación anual por ventas al exterior de alrededor de U$S 32 millones, el aporte por retenciones es inferior a U$S 5 millones: demasiado poco para un Estado que aún conserva su incontinencia fiscal y, por otro lado, importante para los lugares del interior donde se generan esos recursos económicos.
“El Estado va a tener un doble efecto negativo. Por un lado, no va a recibir divisas porque el sector no va a exportar, pero tampoco va a recaudar por otro impuestos, como IVA o Ganancias”, advirtió Luis Picat, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, uno de los legisladores más activos en este tema.
Además de solicitar la eliminación o la reducción de la alícuota en las economías regionales, según cada caso, legisladores y funcionarios provinciales reclaman que las retenciones tengan un límite de tiempo y que se revean todos los años.
No obstante, definir los términos de su temporalidad no es sencillo. Tratándose de un impuesto sobre el cual el Gobierno nacional tiene proyectado ingresos, fijar de antemano un plazo para su eliminación o reducción pude alterar ese objetivo oficial.
“Si se sabe de antemano la fecha en que se reducirá el impuesto, es probable que nadie venda hasta que llegue ese momento”, observan desde el Gobierno.
Mientras los precios de los granos tienen más chances de caer que de recuperarse, y en un contexto de márgenes más ajustados por la suba de los costos de producción, el financiamiento para el sector sigue siendo escaso. Y en algunos casos hasta más caro en relación a otras actividades productivas.
A fines de diciembre, el Banco Central de la República Argentina decidió prorrogar por seis meses el cobro de una tasa de interés en los créditos bancarios para los productores de soja que dispongan de un 5% de existencia del grano.
La prórroga de la medida, que fue resistida por el sector durante el Gobierno anterior y que se creía que iba a quedar sin efecto con la nueva administración, fue duramente criticada por las entidades rurales.
La dirigencia la calificó como un “claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba”.
La sobretasa que se cobra sobre el financiamiento se calcula sobre la base del interés que se aplica a los préstamos entre los bancos comerciales y el Central (pases), que es del 100% (nominal anual), lo que equivale a un interés efectivo anual (TEA) superior al 210%.
Un costo por el dinero que, más allá, del escenario inflacionario, le resulta excesivo a la producción.
