“Harían falta unos 100 milímetros de lluvia”. La afirmación vestida de anhelo pertenece a un productor de la zona del departamento Tercero Arriba, luego de observar cómo la soja va perdiendo estado con el correr del verano.
Es consciente de que, si el clima no acompaña, lo que pueda cosechar es muy probable que no le alcance para cubrir los costos de producción; y, encima, un 33% de lo que recaude se lo llevará el Estado nacional en concepto de retenciones. A este socio no le importa si pierde o gana plata.
Con gastos crecientes y precios internacionales en los niveles más bajos en más de tres años, la ecuación agrícola 2024/2025 está teñida de números en rojo.
Con un valor de U$S 280 dólares la tonelada luego del pago de las retenciones, el productor de Tercero Arriba deberá encomendarse al clima para que la soja le rinda al menos tres toneladas por hectárea. De lo contrario, va a perder plata.
La situación de quebranto es mayoría en todos los planteos agrícolas de la provincia, con lo cual la incidencia de los derechos de exportación hace la diferencia entre la rentabilidad y la pérdida.
La preocupación de los gobernadores de la Región Centro por el desempeño económico de la actividad agrícola tiene sus fundamentos. Entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, está más del 70% de la producción de soja. Saben que, sin esos ingresos, el nivel de actividad en el interior se deprime y afecta el desarrollo económico.
Sectores como la metalmecánica ligada a la maquinaria agrícola dependen de una producción agrícola rentable. Con ingresos, son los productores y los contratistas rurales los que dinamizan la rueda de esa actividad.
Sin muchas chances de poder interceder sobre la formación de los precios internacionales y mucho menos sobre el clima, la variable por modificar es la presión impositiva que generan las retenciones. Sólo ese alivio hará que los cultivos vuelvan a ser un negocio rentable.
