En su afán populista de controlar la inflación, el Gobierno nacional sigue recurriendo a recetas que tienen probado fracaso a la hora de controlar los precios.
Su última apuesta es una versión mejorada del programa de Precios Justos, para siete cortes de carne vacuna que representan alrededor del 10% del consumo nacional.
A partir de la firme intención oficial de que los cortes parrilleros (costilla, vacío, matambre, falda y tapa de asado) y las pulpas (nalga y cuadrada) se vendan en las góndolas de los supermercados en un valor de entre $ 675 y $ 1.375 el kilo, alguien tiene que perder en la cadena de ganados y carnes.
La primera perjudicada es la industria frigorífica, que, a cuenta de poder seguir exportando, deberá contribuir con volumen al plan “nacional”.
Para que esos precios lleguen a la góndola al precio establecido, el establecimiento debe vender los cortes parrilleros al supermercado a un valor mayorista de $ 642 el kilo. “Para nosotros, esa carne tiene un costo de más de $ 800”, comparó un industrial que va a participar de manera “voluntaria” en el programa.
Es que no hay mucho que indagar en la cadena mayorista para darse cuenta de que el aporte de los frigoríficos es a pérdida: el lunes, en el remate de Jesús María, el novillito hizo un precio máximo de $ 500 el kilo vivo.
La inflación que el Gobierno pretende controlar, congelando precios, también impacta sobre los costos de producción del ganadero.
Si bien en lo que va del año las categorías de consumo actualizaron su valor alrededor de 40%, también lo hizo la invernada (terneros), lo que no provocó tanto alivio en los rojos números que exhibe la terminación a corral.
En enero, los datos de la cámara nacional que agrupa a los feedlots mostraban que terminar un novillo de 320 kilos, que demandaba 131 días de engorde, tenía un pérdida de $ 20 mil por animal.
“En febrero hubo algo de alivio en los márgenes, por la suba que tiene el ‘gordo’, pero también sigue subiendo el ternero, con lo cual el escenario sigue siendo similar”, admitió Fernando Storni, presidente de la cámara que agrupa a los principales engordadores a corral del país.
En su intento por atenuar el impacto inflacionario, el Gobierno anunció el regreso también de una práctica ya probada y fallida: las compensaciones por la alimentación hasta un máximo de 100 animales por productor.
El cerdo, en alerta
La producción porcina, que hasta hace unos meses venía holgada en los costos, arrancó el año con algunas luces de alarma.
Los efectos de la segunda versión del “dólar soja” redujeron los márgenes de las granjas intensivas, producto de la suba en el valor de los granos.
Con un valor de venta del capón de $ 325 el kilo vivo durante enero, y un costo de producción de $ 310, el margen es del 5%.
En noviembre, antes de la entrada en vigencia del tipo de cambio diferencial para la oleaginosa, la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción de un kilo de capón era de 14%.
Por el lado de los gastos de producción, nada augura que la matriz puede mantenerse sin cambios. Más si se tiene en cuenta que la menor cosecha de maíz y de soja, claves en la alimentación porcina, se verá resentida en los próximos meses con un reflejo en la cotización de ambos granos.
“Con la suba que está mostrando el precio de la carne vacuna, es probable que crezca la demanda del cerdo, por un traslado de preferencias. De ser así, un mayor consumo ayudaría a actualizar un poco más el precio del capón”, observó José Arrieta, presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba.
No obstante, el proceso de actualización del precio es más lento que la suba de costos, por lo que el sector podría tener algunos meses por delante con número ajustados.
