Quedan solo siete días de plazo formal para que el Gobierno de Córdoba dé a conocer la pauta presupuestaria prevista para 2022.
El próximo 15 de noviembre es la fecha que por ley el Ejecutivo tiene como plazo máximo para elevar la “ley de leyes” ante la Legislatura y todo indica que será ese mismo lunes en que el Presupuesto será presentado.
El contexto electoral se está llevando toda la atención y por eso incluso son pocos los trascendidos que se dejan circular desde El Panal para conocer cuáles son los ajustes previstos.
Para esta época del año, por ejemplo, solía ser usual que el ruralismo ya hubiera tenido al menos dos reuniones con las autoridades provinciales, con el fin de conocer de cuánto será el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR).
En esta oportunidad, según pudo establecer Agrovoz, solo hubo un encuentro, que ocurrió el lunes pasado, y en el que no se presentaron cifras concretas, sino algunos indicios y pautas que se resumen a continuación.
Inflación
El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, les transmitió a los ruralistas que la idea es ajustar el cedulón en relación a la inflación.
De todos modos, el interrogante es cuál será el parámetro de suba de precios que tomará el Gobierno, si la variación del costo de vida relevada por el Indec o el incremento de las cotizaciones de mercadería agropecuaria, como los granos, la leche y la carne, que fue el criterio utilizado en el último ejercicio.
No es una cuestión menor puesto que, en la mayoría de los casos, el incremento interanual de los productos agropecuarios supera a la inflación general, que se ubica en torno al 50 por ciento.
La soja, por ejemplo, hoy roza los 35 mil pesos la tonelada en Rosario, 75 por ciento por encima de un año atrás cuando estaba cerca de los 20 mil. La leche en tranquera, en tanto, subió 73,9 por ciento, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Lechería. Y la cotización por kilo vivo del novillito en el mercado de Liniers se encareció alrededor del 70 por ciento.
En una de las entidades ruralistas confían, de todos modos, que primará un ajuste en torno a la inflación general y que el Inmobiliario Rural subirá en promedio entre 52 y 54 por ciento.
Estratificación
Uno de los aspectos que sí ratificó Giordano es que se mantendrá el mismo esquema de segmentación de los aumentos en función del tamaño y valuación fiscal de las propiedades rurales que se vino implementando en los últimos ejercicios.
Esto es, un primer grupo de productores que tienen entre una y 50 hectáreas y con una valuación baja o media, que concentran casi el 70 por ciento del total provincial. Luego el grupo 2, con superficies de entre 51 y 200 hectáreas, que nuclea a más del 20 por ciento de los cedulones. Y por último, el grupo 3, que reúne a los que superan las 200 hectáras.
A partir de allí, el cálculo que deslizó a este medio una de las fuentes consultadas es que en el primer grupo el incremento del Inmobiliario no superaría el 40 por ciento; en el segundo, se situaría entre 48 y 52 por ciento; y en el tercero, treparía hasta el 62 por ciento como máximo.
Valuación fiscal
En este contexto, lo que también confirmaron desde la Provincia es que el aumento será general en el total que se paga en el cedulón, pero que no incluirá una revaluación fiscal.
Es decir, no se tocará ni la base imponible ni las alícuotas que se toman como parámetro para establecer el valor impositivo.
Esto es así en respuesta a un pedido del agro para que no se ejecute una actualización del valor de la tierra, de manera que no incida en el pago del impuesto sobre los bienes personales, percibido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
