Las empresas multinacionales fabricantes de maquinaria agrícola en el país, nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (Afat), alertaron en Córdoba sobre los riesgos que puede tener para el mercado nacional la importación de equipos usados.
Lo hicieron durante una reunión de trabajo que mantuvieron representantes de las compañías CNH, propietaria de las marcas Case IH y New Holland; John Deere; Jacto; Claas; Agrale, y Stara, en la planta que CNH tiene en el barrio Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.
“Abogamos por la libre competencia, porque es una de las formas que el productor o el contratista rural se van a beneficiar, pero para ellos debe de haber igualdad de condiciones”, aseguró Leandro Brito Peret, director ejecutivo de la asociación que representa el 98% del mercado nacional de cosechadoras, al 85% de tractores y al 70% de pulverizadoras.
Con 12 plantas ubicadas en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos, Afat está integrada por las empresas Agrale Argentina, Agco (con sus marcas Massey Ferguson, Challenger y Valtra), CNH (con sus marcas Case IH y New Holland), Claas, Jacto, John Deere, Stara y la fábrica de motores FPT. Emplea, entre colaboradores propios, de la red de distribuidores y de proveedores, un total de 16.700 personas.
Maquinaria agrícola usada: “Nivelar la cancha”
El 16 de abril, a través del decreto 273/2025, el Gobierno nacional eliminó la medida que exigía la tramitación del certificado de importación de bienes usados (Cibu) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país.
Conocida esa decisión oficial, el 18 de abril, a través de un comunicado, Afat expresó su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Cibu para la maquinaria agrícola. Argumentó que la forma de implementación de esta medida generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país.
La Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac) también objetó la decisión del Gobierno nacional de instrumentar la importación de maquinaria agrícola. La entidad argumentó que la medida atenta contra la competitividad del sector nacional y genera competencia desleal con la industria.
“El ingreso afecta la competitividad de las empresas, ya que el producto usado lo hace sin costo de producción y con un IVA al 10,5%. Se necesita nivelar la cancha desde lo fiscal”, graficó el director ejecutivo de Afat.
Por el lado del impacto social, si bien el productor y el contratista se van a encontrar en un primer momento con un equipo más barato, su antigüedad y falta de puesta a punto para la agronomía en el país y de servicio posventa pueden llegar a ser un efecto negativo a corto plazo.
“También es necesario alertar sobre los efectos negativos que puede tener el ingreso de una maquinaria usada, que puede ser ‘importadora’ de enfermedades y plagas que no están en los suelos argentinos y eso puede significar un riesgo sanitario importante para la producción agrícola”, observó Brito Peret.
En Argentina, 70% de la producción agrícola se realiza a través de la labor de los contratistas rurales que se desempeñan a lo largo de cada campaña por varias provincias del país.
“Si llega a haber una máquina contaminada, el impacto podría ser muy grave”, alertó el director ejecutivo.
Maquinaria agrícola usada y la renovación tecnológica
Las empresas nucleadas en la asociación sostienen que, en las últimas cinco décadas, llevan invertidos miles de millones de dólares en el desarrollo, en la fabricación local y en la distribución de maquinaria agrícola de última generación, ofreciendo equipos cada vez más eficientes y sustentables y la prestación de servicios y con presencia en más de 500 puntos en sus redes de distribuidores comerciales.
En los últimos años, al mercado de maquinaria agrícola autopropulsada –en especial, tractores y cosechadoras– le ha costado mucho alcanzar los niveles de reposición necesarios por la obsolescencia.
Con 713 cosechadoras vendidas durante el año pasado, especialistas estiman que un nivel de reposición adecuado debería dejar esa cifra en alrededor de 1.100 unidades anuales.
“La renovación del parque de maquinaria agrícola es esencial para aprovechar los desarrollos tecnológicos que generan saltos de productividad inmediatos y para mantener estándares de calidad y seguridad”, sostienen las empresas.
Por eso consideran que la introducción “irrestricta” de maquinaria usada no sólo atenta contra la necesaria renovación tecnológica, sino que genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo, a la productividad agropecuaria, a la sustentabilidad ambiental y a la sanidad fitosanitaria.
Maquinaria agrícola usada: propuesta para mitigar sus efectos
Los fabricantes esperan poder reunirse con los funcionarios del Gobierno para plantearles los riesgos que tiene la medida y llevarles a la consideración formas de poder controlarlos.
“El decreto ya está vigente, por eso planteamos que el ingreso de maquinaria agrícola usada sea sólo por parte del usuario final (el productor o el contratista rural) y no por intermediarios u ‘oportunistas’ que puedan hacer su negocio; que se realice la trazabilidad del bien para saber su estado sanitario y que el propietario se comprometa a tenerlo bajo su patrimonio al menos cuatro años, para que no se convierta en un negocio de oportunidad y se desprenda del bien rápidamente”, aclaró Brito Peret.
Además del director ejecutivo de Afat, participaron de la reunión en Córdoba Daiana Repetti (Claas), Rodrigo Weisburd (John Deere), Santiago Coscia (Agrale), Federico Silveira D’Avila y Juan Lozano (CNH), Carlos Palmieri (Jacto) y Felipe Laydner (Stara).
