Desde 2002, cuando el esquema actual de retenciones a las exportaciones agropecuarias llegó para quedarse (al menos por ahora), el rechazo entre los productores ha sido generalizado y con diferentes grados de intensidad.
El más contundente fue en 2008, cuando el Gobierno nacional intentó -aprovechando que el precio de la soja estaba en ese momento en su valor más alto de la historia- colocar un sistema de retenciones móviles que hubieran llevado la alícuota del grano a más del 50%.
La protesta social bajo la forma de piquetes fue el método al que los productores apelaron para contrarrestar la decisión oficial.
La puja llegó luego al Congreso nacional, donde en julio de ese año la tentativa del Poder Ejecutivo quedó sin efecto.
Desde ese momento y hasta ahora, el malestar contra el impuesto ha variado en función de las alícuotas vigentes, los precios de los granos y la rentabilidad del negocio agrícola. A tal punto que en algún momento, como sucedió en septiembre de 2018 luego de la devaluación en el gobierno de Mauricio Macri, se llegó a convalidar su existencia como una forma de contribuir a paliar la crisis social que vivía al país.
Sin chances de cualquier cambio durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, las retenciones encontraron con la llegada de Javier Milei un enemigo público, al menos en el discurso.
La promesa del Presidente de eliminarlas, como parte de su política libertaria, trajo optimismo entre los productores, aunque por el momento su vigencia goza de buena salud y no tiene fecha de vencimiento.
Mientras tanto, su incidencia es cada vez mayor en la ecuación económica de la producción de granos, caracterizada por precios agrícolas reducidos, costos crecientes y márgenes en rojo.
Por eso su nivel de tolerancia parece haber llegado al límite. Su impacto en el presente y lo que puede acarrear a futuro la convierte en un verdadero karma para la actividad.
Lejos de apelar a las manifestaciones públicas de 2008, los productores vuelven a ver en el Congreso el ámbito donde comenzar a ponerle punto final al impuesto.
El camino no es sencillo; impulsado por legisladores de la oposición y promovido por algunas instituciones, como por ejemplo la Fundación Barbechando, el proyecto en danza propone una reducción gradual del impuesto, a partir de enero de 2026, hasta su eliminación en cinco años.
Días atrás, y con la presencia de diputados nacionales, economistas del movimiento Crea, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aportaron datos que fundamentan el consenso sobre el daño que implica la presión impositiva y la necesidad de darle un corte con una ley nacional.
Según los números de Crea, el nivel actual de retenciones deja a la soja sin chances económicas: el 80% de la superficie destinada a la producción en campos arrendados resulta inviable. Es decir, mientras el Estado percibirá un 33% en concepto de derechos de exportación, la mayoría de los productores tendrán resultado nulo. En el caso del maíz, el panorama es similar: 60% de la superficie también se encuentra en condiciones de inviabilidad económica.
Desde el punto de vista fiscal, Fada no percibe como un gran perjuicio económico haber mantenido sin cambios las alícuotas para la soja y el maíz: alrededor de U$S 737 millones, lo que se podría haber atenuado con un mayor recaudación del Impuesto a las Ganancias -alrededor de U$S 129 millones- por la mejora en el precio de los granos que representa una retención más baja. Significa un costo de U$S 608 millones, el equivalente al 0,12 del producto interno bruto 2025.
Desde el incentivo a la inversión, haber extendido las alícuotas vigentes entre el 26 de enero y el 30 de junio hubiera permitido aumentar 13% la producción agrícola nacional y llevarla a 147 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Todos datos que el sector considera estratégico que los legisladores conozcan para poder justificar una decisión que ayude a terminar con el impuesto. La política, como en 2008, tendrá la última palabra.
