La decisión está tomada. A partir del 30 de diciembre de 2025, la soja argentina que ingrese a la Unión Europea (UE) deberá cumplir con la exigencia de no haber sido producida en zonas deforestadas luego de 2020.
El requisito, que en principio iba a comenzar a tener vigencia a partir de enero de este año, fue postergado a pedido de los países proveedores (el mecanismo también abarca la carne y la madera, entre los productos que Argentina envía a ese mercado), a los fines de poder implementar su cumplimiento dentro de la cadena.
Conocida la decisión europea de avanzar con este reglamento, el margen de Argentina para negociar su flexibilización es estrecho, por el protagonismo de ese mercado.
El principal producto nacional exportado a ese destino es la harina de soja. Ese mercado capta el 28% de las ventas totales del derivado de la oleaginosa. Además, de toda la harina de soja que compra la UE, la mitad es de origen argentino. El segundo producto es la carne vacuna refrigerada.
La norma europea se enmarca en el Pacto Verde, según sus impulsores, y se aplica tanto a productos de origen europeo como importados. Establece tres condiciones obligatorias: tienen que ser libres de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, cumplir con la legislación del país productor y contar con una declaración de debida diligencia firmada por el operador europeo.
Hasta ahí, y más allá de ser una exigencia del comprador, las objeciones por parte de la cadena argentina eran mínimas.
El problema surgió con el mecanismo de segregación, con demanda de geolocalización de las parcelas de producción, lo que implica un nivel de trazabilidad mucho más estricto.
Aunque no se establece una herramienta específica, los operadores deben garantizar que no se mezclen productos de origen desconocido.
Para cumplir con la norma, las cadenas de la soja y de la carne argentina desarrollaron la plataforma Visec, que garantiza una trazabilidad verificable para demostrar que los productos no provienen de zonas deforestadas.
En el caso de la soja, esta herramienta se apoya en dos documentos clave: el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios y la carta de porte.
Con estos elementos, el sistema permite seguir el recorrido de los productos desde el establecimiento de origen hasta el puerto de salida. Es un esquema voluntario y gratuito para productores, acopiadores y cooperativas, respaldado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que emite los certificados de cumplimiento de la normativa europea.
La plataforma es de libre acceso y a través de ella los distintos eslabones del comercio de soja pueden compartir su información.
Sin embargo, desde la cadena nacional de la oleaginosa advierten que hay un obstáculo técnico en la segregación física del grano. Y es que la UE exige mantener separados los productos certificados de aquellos cuyo origen no esté debidamente trazado.
La Federación de Acopiadores no ocultó sus críticas; cree que ese mecanismo es costoso y casi impracticable. “Es tan ridículo como pretender que los bancos separen los billetes según el barrio donde vive cada depositante”, ironizó el presidente de la entidad, Fernando Rivara, durante un encuentro organizado por el Instituto de Capacitación Agropecuaria (Incagro).
Incluso, los acopiadores advierten que esta exigencia podría provocar efectos ambientales no deseados. Por ejemplo, el secado artificial de granos húmedos, en el que habría un alto consumo energético y de combustible para evitar la mezcla. Bajar un punto de humedad en un camión de 30 toneladas consume 75 litros extras de gasoil, lo que impacta en el calentamiento global.
Por el momento, la posición europea es firme y el régimen comenzaría a funcionar con esa exigencia de segregación.
La estrategia de la cadena sojera argentina es seguir insistiendo para llevar a cabo su modificación. Pero será con el sistema en marcha.
