El fuerte aumento en el precio de las verduras y las hortalizas pegó en la inflación de enero, y también dejó expuesto el drama a lo largo del período más crítico de la sequía veraniega de quienes se dedican a la producción, una situación de emergencia que se amplifica con fluidez cuando se trata de cultivos extensivos, pero pocas veces se pone sobre la mesa en el momento en que recae sobre los pequeños agricultores.
El problema (en el medio está en juego el abastecimiento de una ciudad como Córdoba y su entorno principal) sirvió, de paso, para revitalizar el viejo debate sobre los márgenes de la intermediación en los alimentos frescos y el peso de la carga tributaria.
“Córdoba debe ir a la conformación de fábricas de hacer verduras, hacia una reconversión tecnológica y productiva porque la horticultura liviana se va achicando. En 2000 éramos 380, hoy quedamos 220″, grafica Juan Perlo, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba (Aproduco), la entidad que por cantidad de asociados (el 22,4% de la totalidad) es la más representativa del sector. Federación Agraria Argentina (FAA) nuclea al 14,2%.
Producción en picada
El perfil de la actividad fue recientemente descripta por un trabajo del Observatorio de la Agricultura Urbana, Periurbana y de la Agroecología (O-AUPA) reproducido por el portal web especializado interNos.
La superficie hortícola de la provincia de Córdoba se redujo un 33,5% en 16 años y el 74% si se comparan los datos contra 1988. Aparece también un corrimiento de las áreas productivas desde el Gran Córdoba hacia Colonia Caroya, Río Primero, Río Segundo y Pilar. Quedan en total unas dos mil hectáreas activas.
Sobre 312 unidades productivas relevadas, sólo el 6% supera las 100 hectáreas, más del 60% se ubica entre una y 10 hectáreas. El 44% del total, son arrendadas, es decir, quien produce no es el dueño de la tierra. Del resto, el 39% son heredadas y un 14% compradas recientemente. Para el caso de quienes hacen papa, el 67% es dueño, el resto son alquileres.
Otro dato interesante es que las variedades más cultivadas son acelga, lechuga, zapallito, espinaca, remolacha y rúcula. Quienes hacen papa cerca de la Capital, alternan también con zanahoria o batata, y algunos rotan con soja, maíz y trigo.
En frutas, no queda casi nada. Todo fue arrasado por el progreso, entre otros factores. Hay 300 hectáreas de vid y duraznos, una fruta donde Córdoba supo ser un faro. Sólo en Villa Gran Parque había mil hectáreas en producción a mitad del siglo pasado, quedarán unas 50, dicen en la zona.
En cuanto a la comercialización, el 76% de las unidades productivas cuentan con puestos en los mercados de Abasto de Córdoba, mientras que el resto vende directamente a intermediarios, u otros formatos.
Todo este grupo de productores verificó consecuencias por la prolongada sequía y las intensas jornadas de calor de diciembre y enero. Aunque subieron los precios de productos como tomate, lechuga, papa o algunos cítricos no producidos en la provincia, ni de cerca estas variaciones pueden justificar por sí mismas el 3,9% de tasa de inflación de enero.
Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de Came, con más de 400 entidades adheridas, explica que el promedio de 19 productos relevados por la entidad, que en diciembre costaban 152 pesos, pasó a 500 pesos en enero.
La producción de tomates, por ejemplo, con temperaturas de más de 50 grados y alta humedad, se pudrió dentro de los invernaderos. El cajón, que normalmente cuesta entre 1.800 y dos mil pesos, llegó a costar seis mil, indicó. En 10 días, los precios volverían a estabilizarse.
Aproduco apoya la línea de acción iniciada por la Subsecretaría de Agricultura Familiar (elevada a ese rango hace dos años) con el objetivo de acelerar lo más que se pueda una reconversión productiva que, a criterio de Perlo, “es sencilla, aunque requiere financiamiento”, dijo.
Lo que falta
Sobre aquellas dos mil hectáreas, se necesita avanzar hacia una cobertura antigranizo de por lo menos 200 o 300 hectáreas, un esquema que ya funciona en Mendoza o en el Gran La Plata que abastece a los 15 millones de habitantes del Amba.
La titular de esa cartera provincial, Mariana Vigo, arrancará marzo con una mesa de diálogo de la que participarán también el Inta y Senasa, entre otros, espera la asociación de productores.
Otro tema, son los precios que recibe el productor y cómo llegan estos al consumidor, cuenta que incluye el peso de los impuestos que se lleva la mayor parte del jugo.
Vernengo recalca que en la cadena de valor frutihortícola “tenemos que cuidar la rentabilidad del productor primario para que pueda realizar mayores inversiones y aumentar la producción”.
Señaló que es verdad que los supermercados y los hipermercados, que manejan un tercio de las ventas totales fijan precios, pero sólo en los grandes centros urbanos. Gran parte de las verdulerías de barrio siguen esa política. Pero el peso de la carga tributaria a lo largo de toda la cadena es indisimulable.
Como ejemplo, Came diseccionó el valor de las naranjas en enero, producto que subió el 15,2%, según Indec. A 69,8 pesos el kilo, el productor explica el 7.7% del precio final (5,4 pesos); el empacador el 5.3% (3,7 pesos); el operador mayorista el 19,5% (13,6 pesos) y el minorista el 25.4% (17,7) pesos. Pero, la presión tributaria del Estado, en sus tres niveles, asciende a 42.1%, con 29,4 pesos de incidencia, cuando en el año 2020 había sido de 38.3%.
El especialista también consideró necesario “trabajar mucho en transparentar los mercados concentradores” que normalmente operan con el llamado “precio oído”, es decir, el que reciben los clientes de parte de los puesteros, de uno a otro. Una opción podría pasar por la realización de remates de mercadería, comentó Vernengo.
Pero, insistió, “si el Estado quiere actuar ahora mismo, la carga impositiva es muy grande”.
