La lógica indicaría que, con las ventajas competitivas que tienen para su desarrollo, el agro y la producción de energía (proveniente de hidrocarburos y de fuentes renovables) deberían ser estratégicos para el crecimiento de la economía nacional.
Eso era al menos lo que en agosto de 2019 el entonces candidato a la presidencia de la Nación Alberto Fernández pronosticaba. “Tenemos que apostar a todo. Yo siento que se enamoraron de Vaca Muerta; sin dudas es la gallina de los huevos de oro, pero la verdad es que descuidamos todo lo demás y es muy importante que lo hagamos, porque Vaca Muerta algún día se va a terminar”, aseguró en ese momento. Y recordó: “Hace 10 o 12 años, nosotros, a partir de una resolución, hicimos un gran acto para que se produzca bioetanol”. Además, destacó: “Tanto apostamos a eso que en Córdoba empezamos a producir motores que funcionan con bioetanol”.
Hoy esa matriz que defendió como candidato está en peligro cuando ya es presidente.
La nueva ley que la Cámara de Diputados busca sancionar para prorrogar la producción, la regulación y el uso de los biocombustibles en el mercado doméstico representa un desincentivo para las empresas cordobesas que hace menos de 10 años invirtieron más de 500 millones de dólares para producir bioetanol de maíz.
Es que si bien el proyecto oficial mantiene el corte del biocombustible con las naftas en 12 por ciento (en partes iguales entre el etanol de maíz y el de caña de azúcar), la Secretaría de Energía podrá reducirlo en tres puntos porcentuales. Será “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para su elaboración pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”, aclara el proyecto. En ese caso, toda la reducción correrá por cuenta del bioetanol sobre la base del cereal, lo que resulta desventajoso para Córdoba, que es la principal provincia productora.
El bloqueo del yacimiento neuquino Vaca Muerta –la segunda reserva del mundo de gas no convencional–, debido a una protesta sindical, también quita incentivos a la producción de energía. A tal punto que ya el Gobierno nacional admite que por el diferendo tendría que importar gas de Bolivia en el próximo invierno.
Neuquén es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, y un conflicto gremial entre la Provincia y sus trabajadores estatales derivó en el corte de rutas y la paralización del yacimiento por más de 20 días.
Dos años atrás, un informe elaborado por los economistas Julio Calzada y Desiré Sigaudo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, proyectaba que para 2030 Vaca Muerta podría generar ingresos por 25 mil millones de dólares, la misma magnitud que hoy aportan el campo y la agroindustria.
La hipótesis partía de la base de la producción de gas proyectada por la Secretaría de Energía de la Nación, la misma repartición que por estos días admite que es probable que se deba importar más combustible en los próximos meses.
Incertidumbre
En el agro, el desempeño de su motor tampoco es el mejor, no por desperfectos propios, sino por la gestión de quienes tienen que garantizar su funcionamiento. Las advertencias oficiales de que podrían subir las retenciones al trigo y al maíz, en un nuevo intento por desacoplar los precios internos y bajar la inflación, no hace más que tensar la cuerda entre el Gobierno y el sector que hoy es el principal aportante de divisas.
En los próximos 10 días, la siembra de trigo abrirá una nueva campaña agrícola en el centro de la provincia de Córdoba. “El rumor de la suba de tres puntos a las retenciones hace que hasta último momento esté en suspenso cualquier decisión de aumentar la siembra del cereal, que va más allá de la cuestión económica y que tiene que ver con el modelo agronómico”, admitió un productor de la zona de Oncativo.
Con la estrategia de no salir a contestar rumores, la Mesa de Enlace Nacional busca generar su propia agenda gremial, a la espera de los movimientos que realice el Gobierno.
Para ello, prepara el pedido de audiencias con los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires, a los fines de “actualizarlos” sobre la problemática que atraviesa el sector. La intención de la dirigencia rural es volver a instalar, de cara a las elecciones legislativas, los 14 puntos que el sector había consensuado para el debate electoral de 2019 y que hasta ahora encontraron escasa representatividad.
